viernes, 29 de julio de 2011

Comunicado M.N.C.I: Solidaridad con el Pueblo Jujeño y repudio a la represión

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Desigualdad y Violencia:
Solidaridad con el Pueblo Jujeño y repudio a la represión

Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena:
Nos solidarizamos con el pueblo Jujeño, con los familiares de las víctimas, los heridos y reprimidos por la policía jujeña y los guardias paramilitares de la empresa Ledesma.
Nuestro máximo repudio a la represión y violencia ejercida desde el Estado en coordinación con los empresarios contra un pueblo reclamando sus derechos básicos elementales.
No podremos estar en paz si no son juzgados y condenados los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes. Funcionarios provinciales, sicarios de Ledesma, los Blaquier y el Juez deben ser investigados por sus responsabilidades. El Gobierno Nacional debe generar las garantías necesarias para la investigación.
La impunidad de los crímenes durante la represión a los Qom en la provincia de Formosa genera condiciones para que esto nuevamente se repita en otras provincias.

Limites del modelo, radiografía Jujeña:
Tierra: miles de hectáreas en manos de los Blaquier, cómplices de la dictadura, miles de familias sin tierra, sin vivienda, sin posibilidades de producir alimentos. El problema de la tierra no es solo la extrangerización.
Soberanía alimentaria o agronegocios: Mientras las tierras jujeñas son utilizadas para producir Agrocombustibles (mal llamado biodiesel) miles de jujeños están mal alimentados. ¿Cuál es la prioridad? . EL Estado financia y subsidia al agronegocio mientras que existen escasas  políticas para  a la agricultura campesina. Negocios para algunos, hambre para muchos.
Justicia: Los jueces (que no son elegidos por el pueblo) pueden dar órdenes de reprimir, matar y despojar y terminar impunes.
Los Blaquier: no podemos pensar en desarrollo nacional cuando son estos empresarios los principales actores. Relacionados a los crímenes de Lesa Humanidad, que hacen ostentación de la concentración de la riqueza que causa pobreza.

Se hace urgente imponer en la agenda :
  • No mas represión de la lucha social!
  • No mas desalojos por la justicia Penal!
  • Función social de la Tierra!
  • Reforma de la justicia, limitar el poder de los jueces, democratizar la elección de los mismos. No más jueces corruptos y cómplices del poder político y económico.
  • Acceso a la Tierra, Vivienda y Derecho a la alimentación para todas y todos

Somos Tierra para Alimentar a Los pueblos!
Movimiento Nacional Campesino Indígena
CLOC – Via Campesina

viernes, 22 de julio de 2011

Nuevamente, violencia contra el MOCASE VC

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La violencia del “Campo de la Rural” en la Mesa de Enlace contra  campesinos e indígenas.
Continúa la escalada de violencia por parte de empresarios del agronegocio, contra las familias campesinas indígenas que resisten y defienden sus derechos a la tierra y territorio y a la producción de alimentos sanos.


El pasado 7 de junio, en Santiago del Estero, Argentina, se denunciaban públicamente los pedidos de detención y allanamiento  para 12 integrantes del MOCASE-VC, por parte del Juez Tarchini Saavedra, con falsas imputaciones para legitimar la usurpación por parte de la empresa Julianes Hnos., de 10.000 has en el paraje la Flor, Dto Alberdi, afectando a más de 50 familias campesinas e indígenas.

La primera semana de julio atacaron a tiros la comunidad “La Overa”,  en el departamento Albedi, y hace dos meses, otro grupo armado por empresarios de los agronegocios, atacó a vecinos de “El Hoyo” y amenazaron a niños y niñas de la escuela primaria.

El intento de la  empresa Julianes Hnos. de alambrar la posesión campesina ha continuado con mucha más violencia. Esta vez quisieron asesinar a dos pobladores, uno de ellos de 72 años de edad.  Los pobladores afectados son de los parajes La Avenida, Aibalito, Sol de Mayo, Monte Rico, Santa Marina, Simbol, integrantes de la Comunidad Indígena Lule-Vilela Ashca Caycu (Pers Jur. INAI N° 662), que habían denunciado que el alambrado reduce el territorio de pastoreo en común que poseen; Tres días antes andaban camionetas en la zona empresarios de Santa Fe averiguando por el campo. Hugo Juárez es uno de los matones contratados por los Julianes, y por otros terratenientes, este ya se había presentado en la casa de la familia Salto el día 28 de junio.
A las 2 de la madrugada del pasado viernes 15 de julio, los matones llegaron al rancho de don Enrique Taboada y de Domingo Salto. Al salir a atender, descendieron de la camioneta varios  sicarios que comenzaron a hacer tiros y golpearon a Don Domingo con la culata de una pistola en la cabeza dejándolo herido y con la amenaza de que se dejaran de joder al tiempo que prendían fuego a la camioneta de la familia. Recién a las 6 de la mañana se los pudo trasladar al hospital donde a don Domingo Salto le hicieron 11 puntos en la cabeza.

Ese mismo día al mediodía, el compañero Roque Acuña, quien participa como delegado por el MOCASE.VC junto a otras organizaciones de la provincia de la mesa de diálogo con el Gobierno Provincial, para tratar estos problemas graves de tierra y otros programas de producción de alimentos, etc., ha recibido amenazas en plena vía pública de Santiago Capital por parte de desconocidos cuando intentaba organizar la intervención en el lugar del hecho.


Esto sucede todavía hoy en Santiago del Estero cuando las y los campesinas/os indígenas decidimos   defender  nuestro derecho a la tierra, al agua, al territorio, a la defensa de la cultura de los pueblos ancestrales, de la producción de alimentos sanos.  Ésta es una parte de la realidad de miles de familias que deciden apostar a la Soberanía Alimentaria y pararse frente a los grupos de poder del Agronegocio y sus aliados.

Si bien esta iniciado en el congreso nacional el debate sobre el problema de la tierra en Argentina, aun no llega al interior provincial, ya que no hay un accionar en territorio, contundente, por parte del gobierno provincial para impedir la violación al derecho a la vida del campesinado e indigena santiagueño, hay un convenio de siete compromisos firmado por el Sr, Gobernador que está en veremos....

Miles de familias que defendemos la posibilidad de vivir en el campo y producir  alimentos sanos  para  los pueblos y ciudades.
Sr. Gobernador Zamora: ponga en marcha de una vez por todas el convenio acuerdo de siete compromisos firmado con las organizaciones campesinas y pueblo originarios hace un año. Hay fondos para obras de agronegocios, no hay dinero para que el campesinado produzca alimentos sanos y mercados locales.
Ministro Luis Fernándo Gelid: la única harina que pueden alimentar a los celíacos es la de algarroba: Respete la vida; Cumpla la ley, o la historia lo juzgará por cómplice de la destrucción de sistemas de alimentación sanos, independientes y económicos.

Ministro Julián Dominguez: aún quedan en el Gran Chaco Argentino algarrobos que producen más de 200 millones de toneladas de alimento por año. ¿Granos Trangénicos para qué?


SOMOS TIERRA PARA ALIMENTAR A LOS PUEBLOS.
MOCASE VÍA CAMPESINA
MOVIMIENTO NACIONAL CAMPESINO INDÍGENA


LA VIA CAMPESINA ARGENTINA

03843-421 195
03844-15408668
03844-15459275
    www.mnci.org.ar
    secretaria.mnci@gmail.com


 20 Años MOCASE-VC            http://mocase-vc.blogspot.com
                MNCI-                     http://www.mnci.org.ar/
                CLOC-                     http://www.cloc-viacampesina.net/
La Vía Campesina- Argentina  http://viacampesina.org/sp/

lunes, 4 de julio de 2011

Tan todxs màs que invitadxs a conocer al MoCaSE-VC desde su lucha cotidiana..a compartir



Tan todxs màs que invitadxs a conocer al MoCaSE-VC desde su lucha cotidiana..a compartir con lxs cumpas..a llenarse de mìstica!!!!!!!!!!!!!!!
Jose Pallares Pablo Santiago Mansilla

La pelea por los territorios

Denuncian un aumento de los desalojos de campesinos e indígenas

Organizaciones e investigadores sociales advierten sobre el aumento de la violencia en el campo argentino. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes están procesados por defender el terruño.

Por Darío Aranda
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En las últimas semanas hubo episodios de violencia en al menos siete provincias.
Santiago del Estero, Chaco, Mendoza, Tucumán, Río Negro, Misiones y Neuquén fueron escenario en las últimas semanas de intentos de desalojos, criminalización y represión de familias campesinas y pueblos originarios. Sólo en dos provincias, Santiago del Estero y Neuquén, 750 referentes campesinos e indígenas están procesados por defender el territorio. Investigadores del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA) advierten que la violencia rural está en aumento. Diego Montón, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), apuntó al origen del mal: “Argentina está entrampada en una lógica de desarrollo que se basa en la agricultura industrial, y de esa manera tiene una gran contradicción interna que deberá y deberemos resolver: derechos humanos o agricultura industrial transnacional”.
Alcides Santillán y Rafael Martín Galván, ambos campesinos santiagueños, fueron detenidos el lunes 6 de junio. El mismo día, el juez Ramón Tarchini Saavedra, del Tribunal Criminal Cuarto, ordenó la captura de otros doce integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-Vía Campesina). “Se ha de-satado un raid judicial y policial, una nueva persecución política de miembros de nuestro movimiento, con procedimientos fuera de la ley”, denunció el MNCI, donde el Mocase-Vía Campesina es uno de sus miembros, y explicaron que el “crimen” fue defender la tierra donde siempre vivieron.
Una semana antes, en la chaqueña Colonia El Guanaco, el Juzgado de Sáenz Peña ordenó el desalojo de la familia conformada por Elsa Avalos y Carlos Peralta, que desde hace setenta años habitan y trabajan 250 hectáreas. “Mi madre tiene 69 años. Nació, trabajó y acá nacimos sus nueve hijos. Siempre cuidamos y trabajamos la tierra, acá nacieron sus nietos, nuestros hijos. ¿Y ahora nos quieren echar?”, denunció José Peralta y advirtió que defenderán la tierra.
La Unión de Pequeños Productores Chaqueños (Unpeproch), donde participa la familia, se movilizó para evitar el desalojo y apuntó a la contradicción política: “Mientras a nivel nacional y provincial se pregona que no habrá más desalojos, el sistema judicial hace otra cosa”.
Situaciones muy similares se repiten en Jocolí (Mendoza), Villa la Angostura (Neuquén), Colalao del Valle (Tucumán), Ñorquinco y paraje El Foyel (Río Negro), Cachi (Salta) y Puerto Piray (Misiones), sólo algunos de una larga lista.
Además de desalojos, se acentúa la criminalización. El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) reveló que en Neuquén hay al menos 250 mapuches procesados por defender el territorio ancestral.
En Santiago, “al menos 500 compañeros y compañeras están procesados”, alertó Deolinda Carrizo, del Mocase-Vía Campesina. La organización exigió el fin de la judicialización y criminalización de la protesta social. Y recibió la solidaridad y el llamado de alerta de la fuerte Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc).
Diego Montón integra la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, y también es referente del MNCI. Destaca que históricamente la idea de progreso de las clases dominantes estuvo asociada a la destrucción y sometimiento de los campesinos e indígenas. “Actualmente con la ofensiva del capital financiero sobre los bienes naturales se ha intensificado el nivel de disputa por la tierra, el agua y los bienes naturales”, explica Montón y asegura que la conflictividad se va a profundizar. “La disputa es por las hectáreas que aún están en manos campesinas indígenas. El agronegocio, el capital y las transnacionales quieren toda la tierra a su servicio. Todos los territorios que se resisten a la lógica del agronegocio serán escenarios de conflictos.”
El dirigente del MNCI apuntó a los gobiernos provinciales “en su mayoría con intereses ligados al modelo agrominero exportador”, pero principalmente a la “alianza Poder Judicial y poder económico” como principales responsables de la criminalización y represión.
El Grupo de Estudios sobre Ecología Política (Gepcyd) del Instituto Gino Germani (UBA) publicó a fines de 2010 “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios”, donde confirmó el aumento de la violencia contra campesinos e indígenas, y abordó la criminalización, militarización y la coacción física. “Entendemos que la violencia rural creciente en Argentina debe interpretarse en condiciones de la implementación de un diseño global de agroestrategias y políticas de Estado que concretizan en el territorio el redoble en la extracción y consumo de riquezas naturales”, explica la decena de científicos sociales que integra el Gepcyd.
Y apuntan al rol del Estado y del sector privado. “La violencia rural –señalan– más que evidenciar una ausencia de institucionalidad en materia de tierras y derechos de los pueblos originarios y comunidades campesinas, pareciera vincularse como la respuesta estatal.” “Lo que probablemente esté expresando la violencia rural, además de la existencia de débiles dispositivos democráticos, es sobre todo la intensidad con la cual el capital puja por el aprovechamiento de áreas que aún guardan una dotación importante de recursos naturales”, agregan.



“Hay más violencia”

Por Darío Aranda
El relevamiento “Conflictos sobre tenencia de tierra y ambientales en la región del Chaco Argentino”, realizado por la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), presentado en octubre último, contabilizó 164 conflictos de tierras y ambientales, casi ocho millones de hectáreas y 950 mil personas afectadas, principalmente indígenas y campesinos, de seis provincias del norte argentino. El 89 por ciento de los conflictos comenzó en paralelo con la instalación del actual modelo agropecuario. “En estos meses hemos relevado más conflictos que ya están en proceso de análisis y seguramente aumentarán las hectáreas en disputa”, adelantó Roberto Larrea, presidente de la Redaf, y remarcó que, aunque el informe sólo aborda la realidad del Chaco argentino, “es un proceso que se da en todo el país”. Afirmó que la cifra aumentará geométricamente si se suman los conflictos con las mineras, las petroleras y los del pueblo mapuche en la Patagonia.
Larrea afirma que la conflictividad rural aumentó, pero también resalta que en la actualidad los conflictos son más visibles que antaño por la existencia de organizaciones de base “que resisten y defienden del territorio”. “Aumentó el nivel de violencia hacia campesinos e indígenas, y también aumentó el nivel de impunidad de quienes provocan esos hechos de violencia”, afirmó Larrea.
La Redaf no es optimista. “Hoy todos los candidatos hablan de ‘la Argentina potencia agroexportadora’, ‘que hay que alimentar al mundo’ con el modelo tecnológico actual. Y si traducimos eso, implica el corrimiento de la frontera agropecuaria, con más desmontes y más de este modelo que está generando conflictos y muerte.”
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sábado, 2 de julio de 2011

Relevamiento de comunidades indígenas de Santiago del Estero

COMUNICADO DE PRENSA

Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero firmaría Convenio con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para la realización del Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de comunidades indígenas de los pueblos Tonokoté, Lule Vilela, Vilela, Guaycurú, Sanavirón y Diaguita Cacano.

El Ministro de Salud y Desarrollo Social de la provincia de Santiago del Estero, Dr. Martínez, recibió en el día de ayer a los pueblos originarios de la provincia: Lule Vilela, Vilela, Guaycurú, Sanavirón, Tonokoté y Diaguita Cacano, donde comunicó la decisión del gobierno provincial, a través de este Ministerio, de firmar el Convenio Marco con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas para realizar el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de las comunidades indígenas de Santiago del Estero.
En la misma reunión el ministro Martínez se comunicó con el Presidente del INAI, Dr. Fernández, donde se acordó que el citado Convenio se estaría firmando durante el transcurso del mes de Julio.
Este Convenio permitirá la reafirmación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas luego de un largo proceso que se inició en el año 2006 con la sanción de la ley nacional 26.160 de emergencia que impide el desalojo de las comunidades de los territorios que tradicionalmente han poseído y resuelve la implementación de los Relevamientos de comunidades.
Luego de una larga demora de casi tres años, puesto que este Relevamiento debería haberse iniciado en el año 2008, los pueblos originarios hoy esperan que este anuncio se concrete ya que las situaciones de desalojos, usurpación, desmonte de bosques nativos, amenazas, persecuciones, presencia de grupos armados, contaminación y destrucción del medio ambiente, discriminación a la cultura e identidad de los pueblos, en la mayoría de los casos sin respetarse el principio de Consulta Libre, Previa e Informada; que afectan directamente a la vida y los derechos de las comunidades, a pesar de la vigencia de la Ley 26.160, no se han visto disminuidos.

Consejo de Comunicación de la
Atuchajpa Sujllayas de la
Unión Solidaria de Comunidades (USC) del
Pueblo Diaguita Cacano

Nuestro Repudio a los acuerdos y declaraciones sobre la crisis alimentaria del G20

 Los medios de comunicación argentinos difunden la noticia de que los acuerdos del G20 en el tema agricultura son un éxito para Argentina y el mundo. Y se destaca en esto la posición Argentina en cuanto a la crisis alimentaria.
Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena repudiamos los acuerdos y las falsas soluciones basadas en las presiones y lobbies de las transnacionales. Basados en certezas científicas sesgadas y corrompidas como un cáncer en gran parte de la producción pseudo-científica de las Universidades durante el auge del neoliberalismo.
En primer lugar el G20 no es un espacio democrático ni legitimo para debatir políticas agrarias globales, están allí ausentes casi todos los países y principalmente aquellos que han sufrido la perdida de soberanía alimentaria debido a la revolución verde y la invasión de las transnacionales, muchas veces precedidas por tropas militares de la OTAN.
Los Gobiernos de Argentina y Brasil impulsaron que el Consejo de Seguridad Alimentaria en la FAO, sea el espacio de gobernanza mundial agrícola.
Y ahora, por lo que se leen en los medios de comunicación, ¿Claudicaron en sus convicciones? ¿Mintieron a la sociedad civil y a 193 gobiernos que aprobaron la reforma del CFS/FAO?
La FAO tiene muchísima información para demostrar que el problema del hambre no es un problema de productividad de alimentos si no de como se produce, quienes producen y como se distribuyen los mismos, un reciente documento de FAO describe que en la cadena agroindustrial global se pierde el 40% de los alimentos producidos por descomposición y desechos.
El informe IAASTAD del cual FAO es parte, demuestra que a medida que se desarrolla la agricultura industrial y se fortalece el poder de las transnacionales el hambre crece en el mundo. El mismo informe recomienda retomar la vía de la producción campesina familiar y agroecológicacomo forma de luchar contra el hambre.
¿Es por estas contundentes pruebas que la discusión de la política agraria global se sale de la ONU y de FAO y se lleva a la OMC y a al G20 donde los países poderosos y las transnacionales tienen mucho más poder?
Pero ¿y la posición argentina?
La posición que llevó el gobierno argentino a la reunión del G20 es producto de la presión y el lobby de la mesa de enlace y las corporaciones transnacionales. El actual modelo agropecuario no es sustentable, el mercado interno esta apenas sostenido por enormes masas de subsidios que el estado nacional debe aportar a los sectores concentrados del las carnes, lácteos y granos para que los precios mínimos de los alimentos básicos no se disparen. La cadena agroalimentaria esta cada vez mas monopolizada, producto del acaparamiento de tierras y de la concentración industrial, así como de la burbuja financiera que rodea al mercado global de los alimentos.
Las cosechas record de millones de toneladas de granos son incapaces de saciar el hambre a los argentinos y que en pleno 2011 todavía tengamos que soportar índices que dan cuenta de esta realidad, y aunque el hambre se publica en menos de 5 %, la pobreza sigue en dos dígitos 13,9 %
Los agro combustibles (mal llamados biocombustibles) generan también enormes presiones para que los alimentos aumenten
Plantear que debemos redoblar las exportaciones de alimentos en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos .Además esto va en dirección a consolidarnos como productores de materias primas en el marco de un saqueo transnacional que nada tiene que envidiarle a antiguos esquemas coloniales. Aumentar a 160 millones de toneladas de granos(forrajeros y no alimentarios) la producción anual (tal como anunció el ministro) es sumar otras 10 millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica, además de los otros cultivos. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas que producen de manera sustentable en el bosque, a partir de eliminar la biodiversidad de ecosistemas frágiles y en franco deterioro como el Parque Chaqueño. Presionando al exodo rural que continuara sobredimencionando las ciudades.
La agricultura argentina (exceptuando la campesina, indígena y familiar) no es nacional, ni responde a intereses nacionales, y por tanto no podemos engañarnos, un modelo basado en retenciones a las exportaciones agrícolas no conduce a ningún desarrollo, mucho menos al buen vivir, o calidad de vida. Las retenciones son una buena medida coyuntural, pero para nada una solucion estructural.
Por eso la Argentina debe rectificar su posición, en primer lugar el debate debe darse en el ámbito de la ONU y del CSA en FAO, y en segundo lugar se hace necesario plantear herramientas globales para frenar la escalada de precios de los alimentos así como detener al capital financiero. Sobran ejemplos para ver que todo lo que toca este tipo de inversiones luego cae catastróficamente.
Frente al problema del hambre es urgente generar mecanismos de control sobre las transnacionales y poner firmes límites a los acaparamientos de las cadenas agroalimentarias por parte de las mismas.
Además la única salida a la crisis alimentaria y a la crisis climática es fortaleciendo la agricultura campesina y familiar, única garantía de producción de alimentos sanos y suficientes en el marco de sistemas de mercados locales dinámicos y justos, claro eso se logra con intervención estatal. El Brasil ha sido un claro ejemplo con su programa Hambre Cero, realizado entre gobierno, movimientos de agricultores familiares campesinos y consumidores urbanos como sujetos activos.
Además las exportaciones de alimentos deben estar centralizadas y fiscalizadas por el estados, los ingresos económicos ser insumos para políticas públicas y el desarrollo.
El rol de las organizaciones campesinas indígenas y de la agricultura familiar es de carácter estratégico, la mayoría de las estructuras del estado fueron configuradas al servicio del agronegocio, por lo tanto para desarrollar políticas públicas transparentes y democratizadora, las mismas deben contar con la activa participación de las organizaciones.
La cuestión de la tecnología y la ciencia esta hoy al servicio del capital y de las corporaciones, es necesario socializar y generar conocimiento científico capaz de articular con el conocimiento ancestral acumulado en las comunidades campesinas y desarrollar nuevos modelos de producción agroecológica.
No nos engañemos mas, que la idea de maximizar a toda costa la exportación de comodities históricamente benefició y fortaleció a la oligarquía rural y sus aliados las transnacionales. No hay posibilidad de construir en modelo sustentable y justo en ese esquema, porque el poder de la producción de alimentos no es algo a subestimar.
Finalmente plantear que el planeta tierra y todas sus fuentes naturales y energéticas son fuente ilimitada de energía y mercancías es algo irracional y para nada científico. Y este modelo de producción y consumo industrial intenta obviar esa evidencia. Eso puede llevarnos a toda la humanidad a un final catastrófico. El cambio climático y el hambre. La Revolución Verde no solucionó el hambre sino que la acrecentò;  la revolución transgénica ha provocado violencia contra los productores genuinos de alimentos y más hambrientos. No son los científicos los quegarantizarán los alimentos, sino los agricultores campesinos, pescadores artesanales, pastores y pueblos indígenas.
Sin explayarnos lo suficiente diremos además que este modelo nos expone directamente a millones de litros de agro tóxicos que son esparcidos sobre nuestro territorio y que esta presente en la mayoría de los alimentos que ofrece la gran industria, sumándole los componentes transgénicos, de los cuales todos los consumidores somos ratas de laboratorio para conocer que efectos provocaran en la humanidad y en el planeta.
No habrá manera de establecer la justicia social sin soberanía alimentaria, y no es posible la soberanía alimentaria en el marco de una agricultura industrial controlada por una las corporaciones transnacionales y la mesa de enlace.
Este es un debate urgente y todos aquellos sectores que nos consideramos como progresistas, de izquierda o nacional y popular estamos obligados a darlo profundamente sin especulaciones políticas ni electorales. No escamoteemos la realidad con el credo del progreso moderno, que tantas consecuencias nefastas esta trayendo a la humanidad y a la vida en la madre tierra.
 Somos tierra para alimentar a los pueblos!
Por la Soberanía Alimentaria y la reforma Agraria!
Movimiento Nacional Campesino Indígena 
CLOC - Via Campesina Argentina

PRIMER CONGRESO MNCI

Primer ASAMBLEA DE MUJERES Y PRIMER CONGRESO DEL MNCI CLOC

Primer ASAMBLEA DE MUJERES Y PRIMER CONGRESO DEL MNCI CLOC
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20 AÑOS MOCASE VIA CAMPESINA

20 AÑOS MOCASE VIA CAMPESINA

BETY CARIÑO: MILITANTE ANTIMINERA ASESINADA EN OAXACA - MEXICO

Discurso de Bety Cariño. Tecuán News- Kolectivo Azul. Embajada de Canadá. 3 de diciembre de 2009