lunes, 28 de marzo de 2011

15 años de soja: La prueba del delito


La soja transgénica y el uso de glifosato fueron aprobados hace 15 años en un trámite exprés, sólo 81 días, y en base estudios de la propia empresa Monsanto. Por primera vez el expediente de 146 páginas es analizado en clave científica por seis investigadores (por Darío Aranda, especial para lavaca).
sojaEl lunes 25 de marzo de 1996 fue un día soleado en la ciudad de Buenos Aires, fresco por la mañana, calor por la tarde, como tantos del comienzo del otoño. En el amplío despacho de Paseo Colón 982, entonces Secretaría de Agricultura, se aprobó el expediente que iba a modificar radicalmente la estructura agropecuaria de Argentina. Luego de un trámite que sólo llevó 81 días, el secretario de Agricultura Felipe Solá firmó la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de la soja transgénica, con uso de glifosato. A quince años de ese día, por primera vez, científicos de distintas disciplinas tuvieron la posibilidad de leer el expediente y estudiar las pruebas sobre la supuesta inocuidad del cultivo. De la lectura se confirma que la autorización carece de estudios sobre efectos en humanos y ambiente, la información es incompleta y tendenciosa, y cuestionaron que el Estado argentino no haya realizado investigaciones propias y tomara como propios los informes presentados por la parte interesada (la empresa Monsanto). En Argentina hay 19 millones de hectáreas (el 56 por ciento de la superficie cultivada) y se utilizan al menos 200 millones de litros de glifosato.

  • El decreto que instaló la soja en la Argentina, el 25 de marzo del 96 (en formato .pdf)

  • Las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica (en formato .ppt)

  • Cuando el periodista se comunicó con el área de prensa del Ministerio de Agricultura y solicitó “las pruebas que sirvieron para aprobar la soja transgénica”, del otro lado del teléfono se escuchó una risa seguida de un amplio “¿qué?”. Al instante, ya recobrada la compostura, el prensa ministerial prometió que haría todo lo posible y llamaría al redactor. Como era de esperar, nunca hubo llamado de respuesta.
    La foja número 1 es un carta, fechada el 3 de enero de 1996, del subsecretario de Alimentos de la Secretaría de Agricultura, Félix Manuel Cirio, dirigida al presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Vegetal, Carlos Lehmacher. “Tengo el agrado de informarle que la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (Conabia), en su reunión de 21 de septiembre, consideró que en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconvenientes para la comercialización de la semilla”, informa Cirio, pero no se adjunta ninguna nota donde se informe en base a qué estudio la Conabia habría dado el visto bueno.
    En el segundo párrafo da un paso más. “En lo concerniente a bioseguridad para consumo humano y/o animal, le adjunto copia de la documentación presentada por la empresa Monsanto ante la Administración de Alimentos y Drogas (FDA)”. Le siguen 106 carillas en inglés, un informe fechado en 1994 y con carátula de la empresa productora de semillas transgénica y glifosato.
    La foja 135 es tan breve como contundente: “Autorizase la producción y comercialización de la semilla y de los productos y subproductos derivados de ésta, provenientes de la soja tolerante al herbicida glifosato”.
    “Tendencioso, arbitrario y poco científico”
    En enero de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó un decreto por el cual ordenó la creación de la Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos. Seis meses después, trascendió un informe titulado “Evaluación de la información científica vinculada al glifosato en su incidencia sobre la salud y el ambiente”. Seis capítulos y 130 carillas que recopiló estudios y donde fue recurrente una conclusión: la necesidad de investigaciones sobre los efectos del glifosato. No definió si es inocuo o perjudicial. A pesar de la incertidumbre, la Comisión no cuestionó que se continúe utilizando en el país 200 millones de litros de glifosato al año. En el escrito influyó la mirada del Ministro de Ciencia, Lino Barañao, reconocido funcionario afín a la industria biotecnológica y con pasado laboral en empresas del sector.
    Pocos científicos se animaron a opinar en ese momento, temerosos de perder sus becas de trabajo y subsidios estatales.
    Profesora titular de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) e investigadora independiente del Conicet, Norma Sánchez, fue una de las pocas científicas que se animó a analizar, y cuestionar, el informe que en 2009 realizó el Ministerio de Salud, Conicet y Ministerio de Ciencia sobre la supuesta inocuidad del glifosato.
    “El objetivo del informe implica una visión reduccionista y fragmentaria que pretende simplificar una situación compleja, excluyendo al sujeto y parcializando la construcción del conocimiento. El informe es una simple enumeración de bibliografía, con muy poco análisis crítico, reflexivo y comparativo de sus resultados. Las conclusiones son inconsistentes y confusas. Parece ignorar que la ciencia es una construcción social que debe cuestionar aspectos éticos y contribuir a alterar políticas de acción que no conduzcan al bien común”, lamentó la investigadora en 2009.
    Cuando en 2010 el periodista la invitó a analizar la resolución de Agricultura que liberó el uso de la soja, no lo dudó. “El expediente de aprobación es, desde el punto de vista científico, tendencioso, arbitrario y poco científico. La mayor parte de los resultados en puntos de extrema importancia como la parte de consumo humano, o los tests ecotoxicológicos en ratones, pollos y peces, donde no encuentran ningún problema, corresponden a sus propias investigaciones que figuran en referencias como reportes técnicos de Monsanto. Pero también hay algo engañoso, citan trabajos de científicos, publicados en revistas científicos conocidos, pero que pertenecen al grupo de investigación de Monsanto. Son juez y parte”, denuncia Sánchez.
    El expediente asegura la falta de aparición de malezas resistentes al glifosato y la nula toxicidad en vertebrados. “Está bien que para 1996 no había tantos trabajos como ahora, pero esto ya está totalmente demostrado que es falso”, explica Sánchez y adjunta un listado de investigaciones actuales que desmienten a Monsanto. Califica como un “reduccionismo” que los estudios solicitados a Monsanto analicen sólo los efectos de la planta cuando es consumida por humanos y animales: “Esto es recortar el problema. Este cultivo transgénico forma parte de un ‘paquete tecnológico’ que ineludiblemente conlleva al uso de glifosato en grandes cantidades. ¿Y entonces? Aunque la soja fuera totalmente inocua, que hacemos con el glifosato?”.
    “Hay innumerables puntos para marcar en el expediente. Un ejemplo grosero se encuentra en el folio 13, donde se reconoce que en algunos experimentos los resultados no le permitieron hacer los análisis estadísticos correspondientes, pero no obstante sacan conclusiones en relación a la calidad nutritiva de la soja transgénica. No dan una sola cita bibliográfica que apoye lo que están diciendo. Mencionan estudios hechos por Monsanto, pero no los citan en bibliografía ni dicen quién los evaluó”, puntualiza.
    Sánchez, docente de la cátedra Ecología de Plagas de la UNLP, no tiene dudas de que el expediente “resulta altamente cuestionable por la falta de independencia. La mayor parte de la bibliografía es del grupo de investigación de Monsanto. Lo fundamental pasa por la irresponsabilidad de todo el procedimiento”. La investigadora explica que la Conabia debería haber evaluado la solicitud de permiso a través de estudios multidisciplinarios específicos llevados a cabo tanto localmente como en el exterior, con aplicación del enfoque precautorio, criterios técnicos y en base a conocimientos científicos independientes. “En este caso todo el conocimiento provino de las investigaciones realizadas en Estados Unidos y por investigadores, en su mayor parte, ligados a la empresa interesada”.
    “Es el informe oficial de Monsanto”
    En 2004, cuando pocos científicos fijaban su mirada en los efectos sanitarios del modelo agropecuario, el médico Alejandro Oliva coordinó una investigación que llevó tres años, abarcó seis pueblos de la Pampa Húmeda y confirmó la vinculación directa entre malformaciones, cáncer y problemas reproductivos con el uso y la exposición a contaminantes ambientales, entre ellos los agrotóxicos utilizados en los agronegocios. El trabajo fue realizado por Oliva junto a su equipo del Hospital Italiano de Rosario, el Centro de Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (Ecosur), la Universidad Nacional de Rosario, la Federación Agraria local y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
    Oliva leyó el expediente pero (de manera cortés) rechazó hacer un análisis punto por punto. Y argumentó por qué: “Este (el expediente) es el informe oficial de Monsanto presentado a la FDA, y que se usó en la aprobación a nivel nacional. Es un documentos respaldado por investigaciones publicadas, por supuesto que por investigadores afines a Monsanto”.
    Oliva apunta desde hace años a la necesidad de estudios epidemiológicos en zonas con uso de agroquímicos y también señala las responsabilidades políticas. “El debate alrededor del expediente de aprobación es de irresponsabilidad de gestión política, sin haber ni siquiera traducido el documentos ni pedir dictámenes de expertos”.
    “Hay razones para pedir una reevaluación”
    Oscar Scremin es especialista en neurofisiología, estudia las afecciones que sufre el sistema nervioso central como consecuencia del contacto con plaguicidas. Recibido en 1963 en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), era decano de la Facultad de Medicina en 1976. Dictadura militar mediante, tuvo que emigrar. Recaló en la Universidad de California (Estados Unidos), donde es profesor e investigador.
    A Scremin le cuesta creer que ese expediente de 146 fojas haya sido una de las bases de la liberación de la soja modificada en laboratorio y del uso masivo de glifosato. “No existe en el expediente una sola palabra referente a la toxicidad del glifosato que necesariamente se utilizaría para obtener las ventajas de resistencia de la soja y vulnerabilidad de casi todas las otras plantas a ese herbicida. Tampoco hay ninguna referencia sobre la reducción de la biodiversidad que obviamente podía resultar, como los hecho han demostrado”, remarca sin salir de su asombró y precisa que los documentos aportados por Monsanto se limitan a describir estudios sobre la proteína que produce el gen de su patente a través de “un número reducido de análisis, con breves estudios, limitados a unas pocas semanas de administración en animales con métodos crudos (peso del animal, pesos de órganos y sobrevida)”.
    Scremin apunta al fondo de la cuestión. ”Hay razones para pedir una reevaluación porque se han omitido los efectos potenciales más serios a saber, como el perjuicio ecológico y los efectos sobre la salud humana. Se impone revisar el proceso de registro, prestando especial atención a los efectos sobre el medio ambiente y la salud humana de todos los herbicidas e insecticidas que se agregan al ‘cocktail’ de agroquímicos que son utilizados en conjunción con la soja”.
    Aclara que una reevaluación debe incluir a entidades sin conflictos de intereses económicos, como universidades e instituciones de investigación sin fines de lucro, de Argentina y el exterior. “Existe una abundante bibliografía que va mas allá de los estudios efectuados por Monsanto o por consultores a su servicio y que debiera tenerse en cuenta”, solicita.
    En la misma línea se expresan desde hace una década familias rurales y organizaciones ambientales, pero siempre chocaron con la negativa de empresas y funcionarios.
    Expediente fantasma
    Los estudios base para la aprobación de la soja y el glifosato son el tesoro mejor guardado de los distintos gobiernos nacionales. Carlos Menem dio luz verde, pero todos los gobiernos que le siguieron mantuvieron en secreto cómo fue aprobado el “paquete tecnológico” (semilla y agroquímico) que modificó el modelo agropecuario de Argentina.
    En abril de 2009, cuando aún estaba fresco el conflicto por la resolución 125, el periodista Horacio Verbitsky dio a conocer las irregularidades administrativas del expediente, desde la falta de traducción del informe de Monsanto hasta la rapidez de su trámite (81 días). “Se violaron los procedimientos administrativos vigentes, se dejaron sin respuesta serios cuestionamientos de instancias técnicas y no se realizaron los análisis solicitados”, aseguraba Verbitsky.
    La lectura del expediente no deja dudas. La foja 113, fechada el 26 de enero, solicita a Monsanto: “Sería importante disponer de información sobre la respuesta a las consideraciones efectuadas por el FDA “. Firmaba el director de Calidad Vegetal del Iascav, Juan Carlos Batista. El 9 de febrero reiteró el pedido (folio 115). Y el 25 de marzo de 1996, Batista envió un fax a las 13.04 a la embajada de Estados Unidos, “Departamento Agrícola”. Solicitó información sobre “inocuidad como alimento” a la FDA. El mismo 25 de marzo, el coordinador del Área Productos Agroindustriales, Julio Pedro Eliseix, escribió a Batista y propuso tres “criterios de evaluación”: “A) Identidad y nutrición. B) Aparición de efectos no deseados: alergenicidad, cancerogénesis, otras toxicidades. C) Se cree conveniente que la empresa garantice un correcto rastreo y recupero de la mercadería” (folio 126).
    No hubo respuesta. Ese mismo día, el secretario de Agricultura, Felipe SSolá, firmaba la resolución 167 que autorizó la producción y comercialización de soja transgénica tolerante a glifosato.
    “No se puede perder más tiempo”
    El jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Raúl Horacio Lucero, recuerda que en la década del 90 comenzó a recibir en su consultorio niños con malformaciones. Bebés sin dedos, chicas con brazos sin articulación, datos de fetos muertos, abortos espontáneos. Todos provenían de parajes con uso masivo de agroquímicos. Las historias clínicas de Lucero muestran una directa relación entre el aumento de uso de agroquímicos en Chaco y casos de malformaciones, siempre en zonas con uso masivo de herbicidas y plaguicidas. En todos analizó la genética de los padres y confirmó que los cromosomas no presentaban problemas. Alertó a otros investigadores e, incluso, a la Legislatura del Chaco, pero no tuvo respuesta.
    Recibió el expediente con mezcla de intriga e indignación. “Llama la atención que en un documento de 100 páginas sólo haya una referencia respecto del herbicida glifosato, en la página 14 hablan de la ‘extremadamente baja toxicidad para mamíferos, aves y peces’, y refiere un trabajo de 1989”, detalla Lucero y explica que para analizar la seguridad de un nuevo producto se deben investigar parte por parte todo lo que conlleva el “paquete tecnológico”.
    En el expediente la Conabia consigna que “en lo referente a bioseguridad agropecuaria no habría inconveniente para la comercialización de la semilla transgénica”. Lucero sonríe: “Se les pasó el pequeño detalle que es evaluar desmenuzadamente el herbicida que viene en el ‘paquete’ ya que no puede existir esta semilla sin la ayuda protectora del glifosato. La palabra bioseguridad engloba medir el impacto de todo lo que modificará el escenario con la entrada de una nueva tecnología”.
    El expediente da cuenta, en propias palabras de Monsanto, que Estados Unidos clasificó al glifosato como categoría E (sin evidencias de efectos cancerígenos en humanos). “Pareciera que nuestros evaluadores dieron por descontado que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos tiene injerencia directa sobre nuestras políticas ambientales nacionales”, retruca Lucero y recuerda que esa clasificación fue en base a un informe de Gary Williams, quien realizó un extracto de las principales conclusiones de un estudio nunca publicado del Environment Health Laboratory perteneciente a Monsanto.
    El investigador de la UNNE resalta que la misma Agencia (EPA) explicitó que esas conclusiones no deben tomarse como definitivas ya que el glifosato podría ser cancerígeno bajo ciertas circunstancias. Lucero afirma que urge un debate sincero y reclasificación, sobre todo en base a trabajos científicos que vinculan el producto comercial y el herbicida puro con alteraciones en el material genético, abortos espontáneos y malformaciones embrionarias. “Debemos analizar la situación quince años después de la aplicación masiva de este producto y obrar en consecuencia ante la evidencia científica y epidemiológica, no se puede perder más tiempo”.
    Equivalencia sustancial
    Rubens Onofre Nodari es biólogo molecular. Investigador del Centro de Biotecnología de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil) y profesor titular de Postgrado en Recursos Genéticos Vegetales. También llamó la atención sobre la “falta de independencia” de un Estado que toma como propio los informes empresariales. Recordó que ni siquiera la FDA solicitó estudios completos e independientes y precisó que en muchas partes del expediente hay afirmaciones sin fundamento científico o basadas en estudios no publicados.
    El doctor en genética de la Universidad de California llama la atención sobre la ausencia de referencia en cuanto al riesgo para el medio ambiente o la salud humana, y recuerda que la comunidad científica de la última década ha demostrado los efectos en la biodiversidad, especialmente acuática, y la vinculación entre herbicidas y cánceres.
    Nodari apuntó a la arista quizá más silencia de los transgénicos, y que más duele a la industria semillera mundial. La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos nunca aprobó como seguro ningún alimento transgénico. Lo que realizó fue implementar, en la década del 90, el concepto de “equivalencia sustancial”, mediante el cual determina que un producto modificado en laboratorio (en este caso la soja) no necesita pruebas específicas de seguridad. La equivalencia sustancial es un concepto determinado por sectores políticos, no por científicos ni adoptado por la Justicia.
    Nodari, que además es miembro del Consejo Nacional de Desarrollo Científico del Ministerio de Ciencia de Brasil, ejemplificó que la industria transgénica, y los organismos estatales, toman como referencia la similitud de composición e infieren que la seguridad alimentaria es sustancialmente equivalente. “Con la misma comparación, la carne de las vacas locas puede ser tan segura como la carne de vacas sanas, ya que ambos tienen similitud muy elevada en la composición química”, compara el investigador y puntualiza media decena de estudios que exhiben resultados negativos al alimentarse con soja transgénica.
    “Desde el Conicet o las universidades podrían haber escuchado”
    Walter Pengue es ingeniero agrónomo con especialización en genética vegetal y magíster en Políticas Ambientales de la Universidad de Buenos Aires. Doctor en Agroecología, profesor de grado y posgrado de la UBA. “¿Cómo es posible que esta liberación haya residido y se haya apoyado solamente en una recomendación enviada a la Conabia por Félix Cirio en enero de 1996 indicando que no habría problemas comerciales en los productos derivados por esta soja y que se basaba asimismo en otro informe y lo remitía en un estudio sobre la situación de esta soja RR presentado a la EPA por la compañía Monsanto en 1994”, pregunta Pengue, y se indigna: “Es tremendamente pobre el aporte en estudios vinculados a los impactos ambientales y hasta agronómicos derivados de tal liberación”.
    Recuerda que hace quince años existían dudas que circulaban en ámbitos académicos, por ejemplo la posible proliferación de malezas resistentes a los agroquímicos. “En lugar de responder a ello, ecólogos o ingenieros agrónomos, algunos biotecnólogos argentinos, muy livianamente indicaban que eso no podría suceder, sin respaldo científico alguno de estos argumentos, más allá de cierta obnubilación y compromiso solo con sus laboratorios, institutos y empresas”, apunta y precisa que esos efectos se dieron rápidamente. En la actualidad existe una decena de malezas resistentes al glifosato, lo cual implica el uso de más herbicida, más efectos secundarios y mayores costos.
    Pengue denuncia que el expediente carece de estudios que den cuenta del impacto del herbicida en la salud y el ambiente “a pesar del semejante nivel de volumen liberado” y vuelve a apuntar al ámbito científico: “Desde el Conicet o las mismas universidades podrían haber escuchado y haber avanzado en proyectos de evaluación de impactos. Todo lo contrario hicieron, incluso las cátedras se fueron vaciando de expertos, e incluso algunos fueron comprados y se trasladaron a trabajar en las empresas privadas”.
    El docente e investigador solicita realizar estudios integrales, donde intervengan desde biólogos moleculares y agrónomos hasta agroecólogos y sociólogos. Y vuelve al inicio del expediente: “El cultivo que más impactos generó de todo tipo en la Argentina contemporánea fue liberado en el país sólo utilizando un informe desarrollado por la empresa interesada. El Estado argentino debiera ser el contralor del bien común de todos y no sólo de los interesados en que un determinado producto llegue al mercado, la madre de todos los motivos de estas discusiones”.

    La lucha termina cuando nos den la tierra…

    Cuando hacemos ruido logramos que nos escuchen, ahora “solo” faltan las decisiones a favor del pueblo misionero

    …la lucha termina cuando nos den la tierra…

    Luego de 20 días de movilización y asambleas permanentes, el martes 22 por la tarde en el Concejo Deliberante de Puerto Piray,  se reunió por primera vez  la mesa de diálogo entre la comunidad de Piray.
    En esa reunión estuvieron, delegados de PIP;  Alto Paraná S.A.; Jorge Lezcano el intendente de Puerto Piray; el Subsecretario de tierras de la provincia Jaime Ledesma y por el Ministerio de Agricultura de la Nación representado en  la Subsecretaria de Agricultura Familiar con la presencia de Adrian Rojo.
    La reunión se extendió por más de 4 horas en el lugar, mientras afuera una nutrida delegación de vecinos y organizaciones que acercaron su solidaridad esperaban impacientes los resultados de la misma.
    “Estamos pidiendo tierras para plantar, para producir, vivir y comer de eso. Estamos pidiendo que se retiren los pinos mil metros. Estamos pidiendo algo que es nuestro, no queremos pedir mercadería o planes, queremos producir alimentos para los misioneros”.

    Entre los puntos más importantes además de la cuestión central de la tierra, también se planteo la no criminalización de la protesta, ya que 3 compañeros de la organización se encuentran denunciados penalmente por Alto Paraná. Sobre estos temas no se lograron avances sustanciales. 

    Alto Paraná evitó hablar sobre la necesidad de entregar tierras y prefiere hablar sobre como nuestras familias pueden vivir con menos de 1 hectárea cada una.
    Alto Paraná evitó hablar sobre los compañeros denunciados penalmente y prefiere comprometerse a no denunciar más.

    Finalmente se acordó reunirse en 10 días para continuar las negociaciones entre todos los presentes.

    Seguimos en alerta y movilización.

    ¡Tierra para producir alimentos y no para el negocio de unos pocos”



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    PIP
    Productores Independientes de Piray
    Misiones



    -- 
    sec comunicación 
    sec. formación MOCASE VC
    http://mocase-vc.blogspot.com/ 

     Estamos en la fm del monte, o en el silencio de la pachamama

    03843421269

    sábado, 19 de marzo de 2011

    Pareciera que en Misiones gobierna Alto Paraná S.A.


    La empresa Alto Paraná S.A. se burló una vez más de las autoridades municipales, provinciales y del pueblo misionero, haciendo caso omiso a un acuerdo entre los vecinos de Piray, el intendente de Puerto Piray y el Subsecretario de Tierras de la Provincia.

    Las familias de los kilómetros 18, Santa Teresa y Barrio Unión, reunidas en asamblea de tierra, el día miércoles 2 de marzo, decidimos realizar un bloqueo a la empresa Alto Paraná S.A., en un lote lindero a nuestras casas.
    Sobre un total de 35.400 hectáreas del municipio la Empresa posee 22.000. El 62% de las tierras de Puerto Piray se encuentran en manos extranjeras. Alto Paraná S.A., empresa de capitales chilenos, posee en la provincia un total de 240.000 hectáreas, cerca de un 10% del territorio de la provincia de Misiones.
    Desde hace mas de 6 años venimos reclamando y tratando de establecer un dialogo serio con la Empresa Alto Paraná S.A. No hemos recibido en ese tiempo más que dilataciones y respuestas evasivas a la problemática que vivimos día a día: Se han llevado la tierra y ahora tenemos un  ahogo producido por la Empresa con sus forestaciones de pinos. Queremos tierra para poder desarrollarnos como familias y como comunidad, no queremos emigrar a las ciudades con un destino incierto, queremos el lugar donde nacimos y de donde nos sentimos parte, nos duele ver como muchos han ido dejando el lugar oprimidos por la Empresa, esto ya ha sucedido en los km 22 y 18. Es por ello que decidimos realizar el bloqueo al lote. Este lote de más de 1.000 hectáreas está siendo cosechado y posteriormente será sembrado y pulverizado con los más variados agrotóxicos, que tendremos que respirar y tomar en nuestra agua. Queremos vivir en un lugar saludable. Como contracara de la concentración de tierra por parte de la Empresa, en la comunidad nadie posee más de 1 hectárea para sobrevivir, para poder plantar alimentos para la familia.
    El día viernes 4, se acerco a la asamblea permanente el intendente de Puerto Piray, tratando de generar un dialogo con nosotros, para empezar a solucionar el tema. Se acordó organizar una mesa de diálogo, entre el municipio, la provincia, la organización y la empresa. Entendimos eso como un punto de partida, un lugar de dialogo. Luego que el intendente se retiro, se hizo presente la policía con una orden de despejar el lugar, ya que la Empresa había realizado una denuncia penal. Esa es la vocación de dialogo, servicio y compromiso de Alto Paraná con la comunidad. Nos retiramos pacíficamente, solo queremos llegar a una solución en este conflicto.
    Al día siguiente se retomo el bloqueo al lote.
    El jueves 10 de marzo de 2011, se realizo en la sede de nuestra organización una reunión entre el Intendente de Puerto Piray Jorge Lezcano, dos de los tres concejales del municipio, Jaime Ledesma, el Subsecretario de Tierras de la Provincia de Misiones y la organización. En esa reunión los funcionarios reconocieron la validez del reclamo y la necesidad de arribar a una solución pronta y duradera, que no vulnerara los derechos de las familias afectadas por la empresa. Ese día, el 10 de marzo, se acordó entre las partes levantar el bloqueo del lote y que en el lapso de 30 días se formaría la mesa de diálogo entre funcionarios, la organización y la Empresa. El compromiso realizado incluia no pulverizar, ni plantar pinos durante ese lapso. Eso fue lo que los funcionarios se comprometieron a llevar adelante.
    Alto Paraná S.A. demostró su poder una vez más. Tres días después de realizado el acuerdo, comenzaron a pulverizar con agrotóxicos el lote y a plantar pinos. Su posición fue más fuerte que la del gobierno municipal y provincial, dejando en claro todo el poder que posee la empresa en la provincia. Por eso decimos que en esta provincia gobierna Alto Paraná S.A.

    A cada dialogo que le propusimos durante 6 años, nos contesto con evasivas,
    Ante la protesta directa envió la policía a desalojarnos,
    Al pedido de los funcionarios municipales y provinciales de establecer un dialogo, lo desoyó completamente.

    ¡No nos van a derrotar!, sabemos que nuestra lucha es justa, sabemos que estamos en nuestro de derecho de vivir en un ambiente saludable y no rodeados y asfixiados por los pinos.
    Estamos en estado de alerta y movilización permanente hasta lograr tierra para los vecinos de Piray.
    Pedimos a los compañeros de todas las organizaciones e instituciones que envíen sus solidaridades y apoyos con nuestra lucha a:



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    PIP
    Productores Independientes de Piray
    Misiones

    VIA CAMPESINA: BALI DECLARACION SOBRE SEMILLAS


    Las semillas campesinas son dignidad, cultura y vida: campesinos en resistencia, defendiendo sus derechos respecto de las semillas campesinas

    Hoy en día somos víctimas de una guerra por el control de las semillas.  Nuestras agriculturas están amenazadas por industrias que intentan controlar nuestras semillas por todos los medios posibles. El resultado de esta guerra será determinante para el futuro de la humanidad, porque de las semillas dependemos todos y todas para nuestra alimentación cotidiana. 

    Un actor en esta guerra es la industria de las semillas, de la ingeniería genética, de las tecnologías híbridas y de los productos agroquímicos, que quiere adueñarse de nuestras semillas para multiplicar sus ganancias, obligando a los campesinos a ser consumidores dependientes de sus semillas.  Por el otro lado estamos los campesinos y campesinas, que conservamos y reproducimos nuestras semillas a través de nuestros sistemas vivos de semillas locales, campesinas e indígenas, semillas que son patrimonio de nuestros pueblos, custodiadas y reproducidas por mujeres y hombres del campo. Nuestras semillas son una riqueza que ponemos generosamente al servicio de la humanidad. 

    La industria ha inventado muchas maneras de saquear las semillas para manipularlas, con el fin de marcarlas con sus títulos de propiedad industrial, y entonces obligarnos, a los pueblos campesinos del mundo, a comprar cada año sus semillas privatizadas en lugar de guardar y seleccionar nuestras propias semillas para la siguiente siembra. Sus métodos incluyen las semillas híbridas que no pueden ser reproducidas por los campesinos, los transgénicos, y la propiedad industrial sobre las semillas, patentes o certificados de obtención vegetal que son impuestos a través de tratados internacionales y leyes nacionales. Todos son métodos de robo y despojo, porque todas las semillas de la industria son de hecho el producto de miles de años de selección y cruces realizados por nuestros pueblos. Gracias a nosotros los campesinos,  la humanidad cuenta con la gran diversidad de cultivos que, junto con la crianza y la domesticación de animales, hoy alimentan al mundo.

    En su afán por crear monopolios y robar la los bienes naturales de los pueblos, las corporaciones y los gobiernos comprados por ellas, ponen en riesgo toda la agricultura y la alimentación de la humanidad.  Unas cuantas variedades uniformes reemplazan a miles de variedades locales, erosionando la diversidad genética que sustenta nuestra alimentación.  Frente al cambio climático, la diversidad es fortaleza y la uniformidad es debilidad. Las semillas comerciales reducen drásticamente la capacidad de la humanidad para enfrentarse y adaptarse al cambio climático. Por eso hemos señalado que la agricultura campesina, con sus semillas campesinas, contribuye a enfriar el planeta.

    Bien saben en nuestras comunidades que las semillas híbridas y las semillas transgénicas requieren grandes cantidades de productos agrotóxicos, fertilizantes químicos y agua, lo cual eleva los costos de producción y daña el medio ambiente.  Además, son mucho más susceptibles a las sequías, enfermedades y plagas, generando centenares de miles de casos de cosechas destruidas y economías familiares echadas a perder. La industria ha “mejorado” las semillas para que no puedan ser cultivadas sin la ayuda de productos químicos dañinos, para que sean cosechadas con maquinaria pesada, y que soporten preservación artificial durante las largas distancias de transporte. Pero ha dejado de lado características importantes para nuestra salud. El resultado son semillas que han perdido su valor nutricional y están saturadas de venenos químicos. Estas semillas son la raíz de numerosas enfermedades crónicas y alergias generalizadas, así como de la contaminación de la tierra, el agua y el aire que respiramos.

    En cambio, los sistemas campesinos de rescate, revalorización, conservación y adaptación local gracias a la selección y a la reproducción en los campos de los campesinos, así como los intercambios de semillas entre campesinos, mantienen y aumentan la biodiversidad genética del sistema alimentario mundial, y nos confieren también la capacidad y flexibilidad para afrontar ecosistemas diversificados, climas cambiantes y el hambre en el mundo.

    Nuestras semillas están más adaptadas a las condiciones de siembra locales, producen alimentos de mejor calidad nutritiva, y funcionan con alta productividad en sistemas agroecológicos sin agrotóxicos ni otros insumos costosos.  Pero los híbridos y los transgénicos contaminan nuestras semillas y las ponen en peligro de extinción. Los híbridos reemplazan a nuestras semillas en sus lugares de origen y llevan a su desaparición. La humanidad no puede sobrevivir sin las semillas campesinas, y sin embargo, las semillas de las corporaciones atentan directamente a su existencia. 

    No debemos equivocarnos.  Estamos frente a una guerra por las semillas.  Y del resultado depende el futuro de todos y todas.  Es a través de esta óptica que se tiene que analizar el Tratado Internacional para Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación (TIRFAA), para entender qué está en juego y qué posiciones se deben fijar.

    El Tratado Internacional para Recursos Fitogenéticos para la Agricultura y la Alimentación

    En primer lugar, es necesario ubicar el Tratado en su contexto histórico, en la historia de intentos de despojarnos de nuestras semillas.   Nos queda claro que la industria y la mayoría de los gobiernos utilizan el Tratado para legitimar el acceso de la industria a las semillas campesinas guardadas en distintas colecciones mundiales. El Tratado reconoce y legitima la propiedad industrial sobre las semillas, justificando el despojo y el monopolio. En el Tratado, el lenguaje florido sobre los derechos de los agricultores deja en manos de los estados la responsabilidad de su aplicación, pero sin embargo los estados no la aplican. Vemos el hecho de mencionar estos derechos como un intento de protegerse contras nuestras posibles protestas y denuncias. 

    El resultado es un tratado que legitima las leyes de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en cuanto a los derechos de propiedad industrial; por ende, es legalmente vinculante en cuanto a los derechos de propiedad industrial y los derechos de los fitomejoradores, pero permite a los estados no respetar los derechos de los agricultores, aunque utilice un lenguaje bonito. Es un tratado contradictorio y ambiguo, un tratado que en la práctica toma el lado del despojo. 

    Sin embargo, esto no significa que todo esté perdido. El Tratado podría ser acogido, desde el punto de vista campesino, pero las correcciones deben ser mayores y son urgentes.  Por ende, La Vía Campesina afirma que:

    • No podemos conservar la biodiversidad y alimentar al mundo y mientras que nuestros derechos de sembrar, guardar, intercambiar y vender nuestras semillas sean criminalizados a través de leyes que legalizan la privatización y comercialización de las semillas. El Tratado de la Semillas es el único tratado existente hasta la fecha que contempla los derechos campesinos, pero los estados no respetan estos derechos, mientras que sí respetan el derecho de propiedad industrial. Por eso, el Tratado debe dar prioridad a los derechos campesinos y éstos deben ser vinculantes. Deben ser aplicados en cada uno de los 127 países que ratificaron el Tratado.

    • El Tratado mismo va en contra de los derechos campesinos cuando promueve las patentes y otras formas de propiedad industrial sobre las semillas.  El Tratado debe prohibir toda forma de patente; protección de variedades y sus regalías sobre semillas que se reproducen los campos; así como toda otra forma de propiedad industrial sobre los seres vivos.

    • La industria ha adquirido una inmensa deuda por apropiarse de nuestras semillas y por destruir la biodiversidad cultivada para reemplazarla por algunas variedades manipuladas.La industria debe pagar esta antigua deuda, pero esto no le da de ninguna forma el derecho de continuar apropiándose de las semillas. La industria debe pagar y también dejar de apropiarse de nuestras semillas y destruir la biodiversidad.

    • El Tratado propone el “reparto de los beneficios” de los derechos de propiedad industrial que reconoce. Estos “beneficios” son resultado del  despojo de nuestras semillas campesinas. Nosotros no queremos participar del robo de nuestras semillas, rehusamos el reparto de beneficios porque no queremos derechos de propiedad industrial sobre las semillas.

    • Exigimos políticas públicas a favor de sistemas vivos de semillas campesinas, sistemas que estén en nuestras comunidades y bajo nuestro control. Estas políticas no deben promover las semillas no reproducibles, como los híbridos, sino que deben promover semillas reproducibles y locales. Estas políticas deben prohibir los monopolios, favorecer la agroecología y el acceso a la tierra y cuidado de los suelos.  Estas políticas públicas también deben favorecer la investigación participativa en los campos de los campesinos  bajo control de sus organizaciones y no de la industria. Hacemos un llamamiento a nuestras comunidades para seguir conservando con cuidado, proteger, desarrollar y compartir nuestras semillas campesinas: esta es la mejor forma de resistir contra el despojo y la mejor forma de preservar la biodiversidad.

    • Los bancos centralizados de semillas no responden a las necesidades campesinas. Son museos de semillas para el beneficio de corporaciones biopiratas. Además en esos bancos nuestras semillas están amenazadas por contaminaciones genéticas y por los derechos de propiedad industrial. No podemos confiar en los gobiernos y el tratado para conservarlas. Nos negamos a entregar nuestras semillas a los bancos de genes del sistema multilateral y de la industria mientras siga habiendo patentes sobre las plantas, sus genes o sus partes, u otro tipo de sistemas de derecho de propiedad industrial como la protección de obtenciones vegetales que exigen regalías sobre semillas reproducidas en los campos, mientras los transgénicos continúen existiendo.

    • La privatización de semillas es una amenaza seria para nuestras semillas campesinas en África, Asia y América Latina. Pero en algunos de nuestros países, sobre todo en Europa y América del Norte, el monopolio comercial de las semillas de la industria ya ha hecho desaparecer a la mayoría de nuestras variedades locales. En estos países ya no podemos llevar a cabo nuestra selección campesina utilizando las variedades disponibles comercialmente, porque fueron manipuladas para no crecer bien sin muchos insumos químicos o procesos industriales. Han perdido mucho de su valor nutricional y con más y más frecuencia semillas transgénicas. No podemos seleccionar nuestras nuevas variedades campesinas en base a las semillas de nuestros padres que se encuentran encerradas en bancos de genes. Exigimos acceso sin condiciones a las colecciones de semillas del sistema multilateral porque son nuestras semillas las que están guardadas en él.

    • Nosotros campesinos y campesinas guardamos nuestras semillas en primer lugar en nuestros campos pero también en graneros y casas de semillas campesinas y en sistemas campesinos locales que constituyen también pequeñas colecciones “ex situ”. Ponemos estas colecciones “ex situ” lo más cerca posible a nuestros campos para que los campesinos mantengan control, responsabilidad y acceso a ellas. Para tomar el lenguaje del Tratado, nosotros los campesinos construimos nuestro propio “sistema multilateral”. Esta es la base en la que podemos colaborar con el Tratado, recordándole que él no es el único que organiza la conservación de semillas. Si el Tratado quiere colaborar con nosotros, debe respetar nuestras condiciones y nuestros derechos y prohibir los derechos de propiedad industrial y los transgénicos.

    • Ya que el proceso del Tratado se lleva a cabo dentro de las Naciones Unidas, son los estados quienes adquieren responsabilidades frente a los sistemas de semillas campesinas.  Sin embargo, la Organización Mundial del Comercio hace que los derechos de los fitomejoradores sean vinculantes, mientras que los derechos de los campesinos no son respetados. Exigimos que los derechos de los agricultores sean vinculantes y los derechos de los fitomejoradores sean subordinados a ellos. Esto necesariamente significa derogar las leyes actuales que comercializan las semillas y niegan los derechos de los campesinos. Exigimos la ratificación de leyes nacionales que reconozcan los derechos de los agricultores. La Vía Campesina hace un llamado para la pronta aprobación y ratificación de una convención de derechos campesinos dentro de las Naciones Unidas. Agricultura y semillas fuera de la OMC y los tratados de libre comercio.

    • El Tratado es parte de una serie de desafíos a los pueblos campesinos e indígenas a los que nos estamos enfrentando hoy en día.  El Proceso Río+20 lleva a un enfrentamiento claro entre un capitalismo disfrazado de verde y la agricultura campesina, la agroecología y nuestras semillas campesinas. La Vía Campesina  actuará para defender la agroecología y las semillas campesinas que representan la esperanza para el futuro de la humanidad. Como hemos demostrado, la agricultura campesina sostenible contribuye a enfriar el planeta y puede alimentar al mundo.

    • Si los estados se comprometen a reformar el Tratado, defendiendo activa y efectivamente los derechos de los agricultores, estamos dispuestos a colaborar en el Tratado, incluso dentro de mecanismos de un comité paralelo basado en el modelo del del Comité de Seguridad Alimentaria que acompaña al proceso de la FAO en Roma. Pero no vamos a abrir la puerta a una colaboración con el Tratado que nos va a enfrascar en interminables discusiones mientras que los transgénicos, los híbridos y los derechos de propiedad industrial nos despojan de nuestros campos. Cualquiera que sea la decisión del Tratado de reconocer o no a aquellos que somos los guardianes de la biodiversidad, continuaremos trabajando dentro de nuestros propios sistemas campesinos de semillas, los cuales han en el pasado y continuarán en el futuro asegurado la biodiversidad y alimentado a la humanidad . De esta forma, estamos guardando las semillas no solo para nosotros sino también para nuestros hijos: Las semillas campesinas son patrimonio de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas al servicio de la humanidad.

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    La Via Campesina Via Campesina is an international movement of peasants, small- and medium-sized producers, landless, rural women, indigenous people, rural youth and agricultural workers. We are an autonomous, pluralist and multicultural movement, independent of any political, economic, or other type of affiliation. Born in 1993, La Via Campesina now gathers about 150 organisations in 70 countries in Asia, Africa, Europe, and the Americas.
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    miércoles, 9 de marzo de 2011

    Cuando tenga la tierra

    Por Sebastián Premici
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    Diego Montón (Argentina), Luis Andrango (Ecuador) y Etelvina Macioli (Brasil).
    La lucha por la tenencia de la tierra es un fenómeno que se da en toda América latina. También es compartido el proceso de extranjerización de un recurso vital no sólo para la vida campesina sino para todas las poblaciones. Acelera, además, la concentración de la actividad agrícola en pocas manos. En Argentina hay aproximadamente 17 millones de hectáreas en manos de firmas extranjeras, mientras que casi 500.000 familias campesinas tienen problemas legales para acceder a la posesión de sus tierras. En Brasil, son cuatro millones de familias en esa condición. Para analizar esa problemática, Cash reunió a la dirigente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, Etelvina Macioli, a un integrante de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), el ecuatoriano Luis Andrango, y el representante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina, Diego Montón. La soberanía alimentaria, una reforma agraria y un nuevo modelo de agricultura son los ejes comunes que atraviesan a esos movimientos sociales vinculados con el pequeño productor familiar y comunitario. También analizaron el modelo brasileño para la distribución de tierras, esquema que podría ser adoptado por la Argentina en un proyecto de ley para regular su propiedad, anunciado esta semana por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
    ¿Cuál es el escenario político económico que enfrentan hoy los movimientos campesinos de la región?Etelvina Macioli: –A partir de la construcción social de la lucha campesina, podemos decir que las problemáticas que nos aquejan no están circunscriptas al campo sino que involucran a toda la humanidad. Los movimientos campesinos de toda América latina abogamos por alcanzar la soberanía alimentaria y una reforma agraria integral. También ponemos en discusión la crisis profunda del capitalismo. Durante la última conferencia internacional de la Vía Campesina, que se realizó en Mozambique en 2008, identificamos que las empresas transnacionales eran los enemigos comunes de los pueblos y las principales responsables de la ofensiva contra los intereses de los campesinos, a partir del modelo de agricultura imperante. Cuando los campesinos hablamos de soberanía alimentaria queremos hacer hincapié en que el modelo agropecuario debe estar vinculado a un proyecto político que determine un nuevo modelo de organización social alrededor del campo.
    ¿Qué significa?E. M.: –Queremos que los pueblos puedan definir formas autónomas de producción para garantizar los derechos básicos de los campesinos, por ejemplo el acceso a los alimentos y la tierra. En este contexto, creemos que es necesario articular nuestra lucha con otros sectores, aplicar una estrategia de alianzas entre los sectores del campo y la ciudad para enfrentar la ofensiva de las multinacionales.
    ¿De qué manera este enemigo común que ustedes definen como las empresas transnacionales afecta sus intereses?Luis Andrango: –Desde hace muchos años denunciamos que la producción de alimentos está cada vez más concentrada en pocas manos, como consecuencia de este proceso de globalización de la agricultura. Por otro lado, sabemos que las compañías multinacionales se están apropiando de los recursos naturales, de la tierra, del agua, las semillas. Lamentablemente, la tendencia internacional es despojar a los campesinos de estos elementos cruciales para la vida diaria. Más allá de este contexto, sabemos que en la región hubo un cambio de paradigma a partir del surgimiento de gobiernos de centroizquierda, que incorporaron las tesis de los movimientos sociales. Sin embargo, todavía falta que este cambio se traduzca en políticas estructurales.
    E. M.: –Primero hay que decir que cualquier avance en la región sobre estas temáticas se consiguió a partir de los reclamos de los movimientos organizados, donde también se logró poner fin, al menos por el momento, a los gobiernos conservadores que se turnaban en el poder. Este fue el resultado del encuentro entre las clases populares. Pero todavía hay intereses en disputa.
    ¿Cuáles?E. M.: –Nuestra región vio crecer los agronegocios a partir del financiamiento público a determinadas actividades. El actual modelo de la agricultura está orientado hacia la exportación y eso fue posible porque los Estados apostaron a este modelo. Estas son las contradicciones que existen entre la orientación política de muchos de los gobiernos de la región, de centroizquierda, con sus políticas concretas. Es un debate que hay que dar. Por eso debemos ser propositivos, ahí es donde juega un rol preponderante nuestra propuesta de crear un nuevo modelo de agricultura. Nosotros queremos producir alimentos para generar una buena calidad de vida. Es vergonzoso que en un país como Brasil, con sus dimensiones de tierra y recursos, exista una gran cantidad de personas que mueran de hambre. Para solucionarlo, hay que tener una política agrícola clara.
    ¿No hubo cambios concretos en Brasil y Ecuador? Por ejemplo, el gobierno de Lula da Silva sancionó una ley para impulsar la agricultura familiar.E. M.: –En Brasil no hubo una reforma agraria, sino que fueron sancionadas una serie de políticas positivas. Se avanzó en la distribución de tierras, gracias a la presión de los movimientos campesinos. En el área de educación, se crearon alianzas con diversas universidades para formar a los trabajadores del campo. También se impulsó una política pública de compra directa de alimentos a través de un organismo público. Son políticas que aplaudimos y que favorecen la agricultura familiar. También fue sancionada una ley que fija que el 30 por ciento de la merienda escolar debe ser comprada directamente a los agricultores familiares. Ahora la discusión tiene que ver con las definiciones: no queremos meriendas, sino alimentos producidos de manera orgánica, que complementen el proceso de desarrollo de nuestros niños.
    ¿Cómo es la política de distribución de tierras?E. M.: –La política de desapropiación de tierras ha sido uno de los embates más duros de los últimos años. En el Estado todavía hay un gran andamiaje conservador, que muchas veces impide que se cumpla la Constitución Federal, que obliga a la desapropiación de las tierras si éstas no cumplen la función social que les asigna la propia Carta Magna. Muchas veces queda demostrado que no se cumple ese rol social, y sin embargo el Estado no hace nada. Acá está en juego la correlación de fuerzas entre los intereses de la clase trabajadora y los sectores más conservadores. Hay una lucha permanente.
    La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para regular la propiedad de la tierra, tomando como base el modelo brasileño. ¿Cómo debería ser una iniciativa de estas características?Diego Montón: –Hay que tener en cuenta que cuando se habla de extranjerización, no es sólo un tema de quién tiene la propiedad de la tierra sino para qué se la usa. La rentabilidad de la soja es tan alta que el modelo agrícola apuesta al arrendamiento. En este sentido, puede ocurrir que haya muchas extensiones de tierras en poder de productores locales pero que al arrendarlas favorecen un modelo de extranjerización de la agricultura. La tierra tiene que estar puesta a disposición de un proyecto nacional. En este sentido, una herramienta válida podría ser una ley que limite la compra por parte de extranjeros, aunque no debe ser el único instrumento.
    E. M.: –En Brasil se ha dado una lucha histórica para que exista una ley integral que limite la cantidad de hectáreas que puedan ser adquiridas por una persona o empresa. Hoy un latifundista puede tener millones de hectáreas. El último Censo nacional reveló la altísima concentración de la tierra, sobre todo en manos de extranjeros. Además hay diversas denuncias sobre la ocupación de tierras en zonas de fronteras, como Syngenta, que tiene campos en zonas con reservas legales. La tierra, en cualquiera de sus dimensiones, debería tener una función social, como lo establece nuestra constitución.
    D. M.: –Quizás una clave de la política brasileña tiene que ver con ese artículo de la Constitución que define a la tierra como de uso social, algo que les da a los movimientos campesinos un mayor margen de acción para luchar por su posesión. En la Constitución nacional de 1949 estaba incluido este tema, pero ahora la tierra está a merced de las grandes empresas.
    ¿Cómo es el contexto ecuatoriano? ¿Hubo cambios durante el gobierno de Rafael Correa?L. A.: –Todavía falta dar un salto hacia la agricultura de la alimentación. Hoy el modelo agrario de Ecuador está enfocado a la exportación, como ocurre en el resto de los países de la región. Todavía se hace mucho hincapié en las actividades extractivas, donde se replica la misma lógica que venimos combatiendo desde hace muchos años, por más que haya cambiado el signo político del Gobierno. Los recursos naturales son utilizados como materias primas y no como ejes del desarrollo de nuestro pueblo. Como hecho positivo hay que destacar que la soberanía alimentaria quedó definida en la Constitución.
    En la Argentina, todo lo relacionado con el campo está tenido por la puja entre el Gobierno y la Mesa de Enlace. ¿Cuál es la visión del Movimiento Nacional Campesino Indígena?D. M.: –El país donde más se profundizó el modelo agroexportador fue Argentina, impulsado por la alianza estratégica entre los integrantes de la llamada Mesa de Enlace y las empresas transnacionales. El avance de los agronegocios fue muy rápido y los efectos pueden verse cotidianamente, incluso en lo que sale publicado en los medios de comunicación, donde la tierra es puesta a disposición de un modelo pensado en otros países. Esto afecta nuestra alimentación, donde se da el fenómeno de la concentración de toda la cadena industrial.
    ¿Cómo se refleja ese proceso?
    D. M.: –Por ejemplo, Cargill tiene el 60 por ciento de la industria de los frigoríficos. Otro tema relacionado con los agronegocios tiene que ver con el trabajo esclavo, ampliamente denunciado en los últimos meses. Los empresarios quieren aumentar constantemente su rentabilidad para poder participar de la rueda financiera que hoy representa el modelo agropecuario. Y una de las formas de lograr esa rentabilidad es a través de la explotación de los trabajadores. En cuanto a las políticas del Gobierno, hay que decir que se logró recuperar al Estado como un actor clave en la definición de las políticas públicas. Sin embargo, en el modelo agropecuario es muy poco lo que se ha hecho. Todo el andamiaje de subsidios apunta a los actores concentrados de la industria. En este sentido, entendemos que una tarea urgente es el redireccionamiento de esos recursos hacia los agricultores familiares.
    ¿Cuáles deberían ser los ejes centrales de una reforma agraria a nivel regional?
    L. A.: –Un proceso de reforma agraria debe orientarse hacia la construcción de la soberanía alimentaria y para ello es necesario orientar cuál debe ser la función de la tierra. Un segundo capítulo debería definir con claridad la función social y ambiental de la misma. Hay que combatir la lógica perversa que dice que por estar sembrada con cualquier cosa, una tierra ya cumple su función social. Esto no es así. Hay que definir exactamente qué es la función social. Un tercer elemento clave tiene que ver con los regímenes de propiedad. Ya no existen los grandes terratenientes. El 70 por ciento del territorio donde viven los campesinos indígenas ecuatorianos no tienen reconocimiento legal. Hay que normalizar esta situación. El otro tema es el Fondo Nacional de Tierras, instrumento que no debe convertirse en un banco para la compraventa de campos sino que debe financiar la alimentación soberana del pueblo. Estos son los temas que se discuten en Ecuador y que podrían ser comunes a una reforma agraria a nivel regional.
    D. M.: –También debería incluir una fuerte política de educación, es decir, trasladar la estructura educativa al campo y no al revés. A su vez, plantear la existencia de mercados locales para que los agricultores puedan comercializar de manera directa su producción.
    E. M.: –Hablar de una reforma agraria es hablar de un conjunto de políticas, que van desde la infraestructura básica para el desarrollo de los campesinos, herramientas de capacitación, salud y asistencia financiera. No es una sola ley, sino un conjunto de políticas de Estado
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    Carta de solidaridad con la lucha de las mujeres del mundo

    Realizada el 9 de febrero de 2011, en Dakar, Senegal, durante el Foro Social Mundial
    Esta “Carta de solidaridad con las luchas de las mujeres del mundo” fue elaborada por una comisión de trabajo compuesta por mujeres de diferentes organizaciones a partir de los debates realizados durante El Foro Social Mundial en Dakar, en febrero  2011. Agradecemos al comité de equidad y género senegalés por organizar El espacio “Village des Femmes”, y por haber realizado diversas actividades de debates sobre los derechos de las mujeres que contribuyeron al contenido de esta carta
    Este mismo contenido fue presentado como propuesta de declaración a la Asamblea de Convergencia de Mujeres en la mañana del 11 de Febrero. No fue posible llegar a un acuerdo durante el debate pues un sector minoritario pero muy activo de la Asamblea se opuso a la mención del derecho de autodeterminación de las mujeres saharauies. Varias organizaciones presentes en la Asamblea decidieron difundir este contenido en forma de carta de solidaridad y recoger firmas, sin desconocer que para que esta carta existiese muchas más mujeres y organizaciones  han contribuido también y que el comité de género y equidad sigue enfatizando la perspectiva de una declaración consensuada entre varias organizaciones presentes en la Asamblea
    En este año, en que el Foro Social Mundial se une a los pueblos de África por tercera vez después de Malí (2006) y de Kenia (2007), nosotras, las mujeres de diferentes partes del mundo, reunidas en Dakar, conscientes de que la unión de nuestras fuerzas permitirá con el tiempo provocar un cambio, reafirmamos nuestra solidaridad y admiración por las luchas llevadas a cabo por las mujeres de Senegal, de África y del mundo entero. Sus luchas, junto con las luchas de todos, hombres y mujeres, fortalecen la resistencia existente en todas partes en contra del sistema capitalista y patriarcal globalizado.
    Al día de hoy, seguimos sufriendo las mismas crisis mundiales a nivel económico, alimentario, ambiental y social, y constatamos con preocupación que estas crisis perduran y se profundizan. Reformulamos aquí nuestro análisis según el cual estas crisis no son aisladas sino que son la expresión de la crisis del modelo caracterizado por la sobreexplotación del trabajo y del medio ambiente, y por la especulación financiera en la economía. Es la razón por la cual nosotras, las mujeres, seguimos afirmando que debemos cambiar este modelo de sociedad, este modelo económico, este modelo de producción y de consumo, que genera más pobreza en nuestros pueblos, especialmente en las mujeres.
    Nosotras, las mujeres, en el afán de respetar y defender los principios de justicia, paz y solidaridad, tenemos que avanzar en la construcción de alternativas para hacer frente a estas crisis. Pero no nos interesan las propuestas paliativas basadas en la lógica del mercado.
    No podemos aceptar que los intentos por mantener el sistema actual se realicen a expensas de las mujeres.
    En este sentido, decimos no a la intolerancia y a la persecución de la diversidad sexual, así como a las prácticas culturales que atentan contra la salud, el cuerpo y el alma de la mujer.
    Condenamos toda forma de violencia contra las mujeres, en particular el femicidio, la trata de mujeres, la prostitución forzada, el abuso físico, el acoso sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios precoces, los matrimonios forzados, la violación, la violación utilizada sistemáticamente como arma de guerra y la impunidad de quienes cometen estos actos de terror contra las mujeres.
    También decimos no a una sociedad que no respete los derechos de las mujeres, que no les permita el acceso a los recursos, a la tierra, al crédito, al trabajo en condiciones dignas, donde el capital, para reproducirse, precarice los empleos de las mujeres.
    Condenamos toda forma de acaparamiento y de colonización de tierras pertenecientes a campesinas y campesinos, por Estados o por empresas transnacionales, y condenamos los cultivos transgénicos que son perjudiciales para la biodiversidad y la vida.
    Decimos no a la carrera armamentista y a la carrera nuclear que se llevan a cabo a expensas de la inversión, por parte de los Estados, en favor de programas sociales, de salud y de educación.
    Condenamos una sociedad que no permite el acceso de las mujeres al conocimiento y a la educación, donde las mujeres son discriminadas y marginadas en los procesos de toma de decisiones.
    Decimos no a los conflictos armados, a las guerras y a las ocupaciones. Decimos SI a la paz justa para los pueblos oprimidos.
    Frente a todo ello, nos proponemos reforzar nuestra lucha para que nuestros países logren una soberanía económica, política y cultural con respecto a las instituciones financieras internacionales. Queremos la cancelación de las odiosas e ilegítimas deudas y una auditoría ciudadana que permita a los pueblos solicitar una reparación: las mujeres no deben nada, son el primer acreedor de la odiosa deuda. También hacemos un llamamiento para la aplicación efectiva de la tasa Tobin.
    Exigimos la soberanía alimentaria de los pueblos y el consumo de productos locales, el uso de nuestras semillas tradicionales y el acceso de las mujeres a la tierra y a los recursos productivos.
    Queremos un mundo donde los hombres y las mujeres tengan igualdad de derechos, las mismas oportunidades en el acceso al conocimiento, a la educación, a la alfabetización, a la educación y a la toma de decisiones, y los mismos derechos a trabajar y a tener salarios justos.
    Exigimos un mundo donde los Estados inviertan en la salud de las mujeres y en la de nuestros hijos, sobre todo en salud materna.
    Hacemos un llamamiento a ratificar y a aplicar de manera efectiva, todas las convenciones internacionales, en particular el Convenio 156 y el Convenio 183 de la OIT.
    Queremos la democratización de las comunicaciones y del acceso a la información.
    Nos solidarizamos con las mujeres palestinas por un Estado palestino democrático, independiente, soberano, con Jerusalén como capital, y por el retorno de los refugiados de conformidad con la Resolución 194 de las Naciones Unidas.
    Nos solidarizamos con las mujeres de Casamance por el retorno de la paz.
    Apoyamos la lucha de los pueblos de Túnez y Egipto por la democracia.
    Las mujeres de la República Democrática del Congo por el fin del conflicto.
    Las mujeres kurdas, por una sociedad democrática, ecológica, libre e igualitaria entre mujeres y hombres y donde exista el derecho a utilizar su lengua materna en la educación.
    Somos solidarias con las mujeres Saharaui, por la obtención de su derecho a la libre determinación, de conformidad con la resolución de la ONU y por el encuentro de una solución pacífica, de conformidad con la Carta del Foro Social Magrebí.
    Nos solidarizamos con todas las mujeres víctimas de desastres naturales, como los de Haití, Brasil, Pakistán, Australia...
    Nos solidarizamos con los millones de niños y mujeres refugiados y desplazados.
    Hacemos un llamamiento a que puedan retornar a sus tierras y para su libre circulación.
    Proponemos la creación de redes de alerta e información sobre y para mujeres que se encuentren en zonas de conflicto o de ocupación. Proponemos que el 30 de marzo sea el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino y hacemos un llamamiento al boicot de los productos de los ocupantes israelíes. Apelamos a la creación de un Foro Internacional de Solidaridad con la Lucha del Pueblo Palestino en el 2012.
    Reconocemos las luchas de todas las mujeres del mundo y hacemos nuestras sus reivindicaciones: lo que le sucede a una de nosotras, nos incumbe a todas. Es por eso que debemos luchar juntas.
    Dakar, 11 de febrero de 2011

    Organizaciones signatarias:
    Marcha Mundial de Mujeres
    La Via Campesina
    CADTM
    Marcosur Feminist Articulation
    Attac Argentina
    Attac Pais Valencia
    Brazilian Women's Union (UBM)
    Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz (CEBRAPAZ, Brazilian Centre of Solidarity with Peoples and Struggle for Peace)
    Central Única dos Trabalhadores (CUT, Unified Workers' Central) (Brazil)
    CEAS – Sahara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sahara)
    Colectivo Granada – España
    CTB
    Democratic Federation)
    Fédération Démocratique Internationale des Femmes (FDIM, Women International Generattac
    Groupement Dang Dang – Senegal
    Groupement Défense Bargny - Senegal
    Latin American Continental Students Organization (OCLAE)
    Le Monde selon les Femmes – Belgique
    Red Vasca de Apoyo a la Unión Nacional de Organizaciones Saharauis
    WIDE

    PRIMER CONGRESO MNCI

    Primer ASAMBLEA DE MUJERES Y PRIMER CONGRESO DEL MNCI CLOC

    Primer ASAMBLEA DE MUJERES Y PRIMER CONGRESO DEL MNCI CLOC
    click en imagen

    20 AÑOS MOCASE VIA CAMPESINA

    20 AÑOS MOCASE VIA CAMPESINA

    BETY CARIÑO: MILITANTE ANTIMINERA ASESINADA EN OAXACA - MEXICO

    Discurso de Bety Cariño. Tecuán News- Kolectivo Azul. Embajada de Canadá. 3 de diciembre de 2009