jueves, 24 de febrero de 2011

Muere trabajador golondrina en desflorada del maíz

Trabajo esclavo



Pertenecía a la comunidad indígena Ayllu Atamisqui, del pueblo diaguita cacano, ubicada en Atamisqui, Santiago del Estero, y era enfermo chagásico.

El pasado 8 de febrero murió Elvio del Valle Pajón (45), trabajador rural perteneciente a la comunidad indígena del pueblo diaguita cacano (Atamisqui, Santiago del Estero) en un campo ubicado en la provincia de Río Negro (Coronel Belisle, Departamento Avellaneda), en oportunidad de encontrarse trabajando en la desflorada del maíz para la empresa Semillas Basso S.A.
Elvio viajó con la cuadrilla el 29 de enero, luego de haber sido reclutado por Justo Bravo en Villa Atamisqui, para ir a un trabajo donde no le exigían “revisación médica”, ya que él era enfermo chagásico (enfermedad endémica en la provincia de Santiago del Estero).
El 8 de febrero se enfermó en el surco mientras trabajaba en el desflore, por lo que el encargado de la firma lo habría llevado hasta una “salita” donde le habrían diagnosticado una enfermedad leve, reenviándolo para que haga reposo en la “casilla” donde viven estos trabajadores, donde falleció a las pocas horas del mismo día.
El certificado de defunción firmado por la doctora/subcrio. Mabel Semprini (Mat. 1418, dermatóloga) dice que la causa de la muerte habría sido “paro cardiorrespiratorio atraumático”. En el Registro Civil de Coronel Belisle, su certificado fue inscripto en el “folio 1, del tomo 1, acta nº 1”.
Si bien su tarea consistía en el desflore, para la afip figuraba como realizando “trabajo calificado de huertas, invernadero, vivero y jardines”, según lo declarado por Jacob Kassabian, en representación de Semillas Basso S.A.

Consejo de Comunicación de la
Atuchajpa Sujllayas de la
Unión Solidaria de Comunidades (USC) del
Pueblo Diaguita Cacano

lunes, 21 de febrero de 2011

Denuncian que una beba murió en Santiago del Estero por glifosato

LOS ABOGADOS DICEN QUE PODRÍA SER LA PRUEBA DE QUE LOS AGROTÓXICOS DE LA SOJA SON NOCIVOS

El caso de la nena Julieta Sandoval puede ser considerado como emblemático para demostrar los efectos fatales de la exposición a los agroquímicos. Dicen que sólo en esa provincia hay unas 400 personas afectadas por año.


Puede alguien creer que es posible poner esta carga de venenos en la superficie de la tierra sin convertirla en un lugar no apto para la vida? No debieran llamarse insecticidas, sino biocidas”, reflexiona la abogada ambientalista y militante antiglifosato Graciela Cristina Gómez, quien a fuerza de coraje y de medidas judiciales, logra frenar de a poco a los que –a fuerza de tóxicos y semillas transgénicas– acrecientan sus cuentas mientras siembran la devastación. Gómez debió escuchar más de una vez que el glifosato no afecta a las personas, que sólo mata a las malezas que amenazan la rentabilidad sojera. Hoy, esta abogada tiene una prueba que, probablemente, hubiese preferido no encontrar: Julieta Sandoval, una beba que nació en medio de las fumigaciones, padeció sus efectos desde el parto y finalmente, murió en el más inexplicable de los abandonos.
Un ambientalista de Santiago del Estero, Víctor Fabroni, la llevó a conocer a Julieta y a su familia. La misión era conseguirle una vivienda, mochilas de oxigeno, remedios.“La beba no podía respirar, tenía hecha una traqueotomía, nació con varias malformaciones, con hidrocefalia, parálisis facial, parálisis cerebral. Se trata del caso de un bebé que fue concebido en un ambiente impactado por agroquímicos. Un feto que a los 28 días de gestación ya recibía todos los efectos de los tóxicos, como siempre lo denunciamos”, relató la abogada. 
Julieta Sandoval sin embargo nació en Santa Fe. Sus padres que son de Bandera, Santiago del Estero, habían ido a tenerla al hospital de Tostado por un paro que se realizaba en el momento del alumbramiento en su hospital regional. Luego, fue derivada al Hospital Alassia de Santa Fe, donde, según sospechan los denunciantes, se escondieron pruebas fílmicas que daban cuenta del estado grave en el que había llegado. “En Santa Fe hay muchísimos casos, pero no sólo en Santa Fe. En Santiago del Estero el mismo presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos denunció que hay 100 nacimientos de niños con malformaciones por año y unas 300 personas afectadas por el mal uso de los agroquímicos, esto no es ninguna novedad. Lo que pasa que el tema Julieta podría ser algo así como el caso líder –leading case– como diríamos nosotros en derecho y por eso se oculta”, explica la abogada, que acompañó a la familia desde que conoció la situación.
Julieta Florencia Sandoval, nació el 15 de abril de 2010, y murió el 13 de diciembre del mismo año, en Bandera, en el mismo lugar donde la fumigación, marcó su corta vida. Pese al dolor y al silencio, Gómez se esperanza: “Ella puede ser la prueba, la prueba que ellos dicen que no tenemos y que no hay estudios científicos serios, cuando hay muchas universidades extranjeras, de Francia y de los Estados Unidos que dicen lo contrario. Ellos quieren seguir con este genocidio, porque es un genocidio sistematizado, premeditado totalmente como lo denunciamos con Rodolfo Páramo (médico que investiga las malformaciones) y por eso recibimos tantas amenazas y ataques desde el sector agrícola”, relató Gómez a Tiempo Argentino.
En el Hospital Garrahan, donde recibía tratamiento, le dieron el alta. La abogada tramitaba su traslado sanitario. En la Casa de Santiago del Estero, pese a que la beba tenía una traqueotomía, solo le ofrecieron una ambulancia, “un viaje de 14 horas en ambulancia es inhumano al solo efecto de evitar ‘el gasto de la provincia’; se envió una ambulancia sin médico, por lo que debió regresar ante la negación de la madre de viajar en esas condiciones. Se logró que envíen el avión sanitario y este llegó sin oxígeno, por lo que debimos volver al Garrahan hasta que se compró de urgencia una válvula para el tubo que tenía el avión en desuso y así pudo regresar a su provincia”, recordó. <

jueves, 17 de febrero de 2011

Campo fértil para la explotación laboral

Las distintas actividades, zonas y métodos de trabajo rural en condiciones infrahumanas

Las denuncias y allanamientos que detectaron condiciones de semiesclavitud y tráfico de personas en zonas rurales pusieron en evidencia ese sistema de explotación laboral. Aquí, un relevamiento de las provincias y los trabajos involucrados. Cómo se disfraza el empleo en negro, las denuncias, los casos de represión. La falta de controles. El análisis de los expertos.

Por Darío Aranda
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“El estado de los obreros en el ingenio es mísero y desastroso, la explotación inicua y el trabajo brutal. (...) He visto en todo el interior la explotación. (...) El trabajo de la mujer y del niño se explotan con igual intensidad en Cuyo que en el resto de la República, y acaso más en la época de cosecha.” Fechada el 30 de abril de 1904, escrita por Juan Bialet Massé, la frase pertenece al histórico Informe sobre el estado de las clases obreras argentinas, señalado como el primer compendio de la situación de los trabajadores del país. A 107 años de aquella investigación, en el campo argentino se repiten las escenas de explotación laboral, jornadas de trabajo de hasta 16 horas, pagas mínimas, ausencia de día de descanso, amenazas y maltratos, alimentación escasa, personas obligadas de vivir en taperas o bajo plásticos. Organizaciones campesinas, ONG y académicos coinciden: el trabajo rural en situaciones de explotación está presente en todas las latitudes de la Argentina y es una práctica generalizada.
De sol a sol. Es la característica del trabajo en el campo. Y la cosecha de uva no es la excepción. Mendoza tiene tradición en vinos, y también en explotación laboral. Trabaja toda la familia. Mujeres y niños cortan los racimos y ayudan en el llenado de un tacho rectangular de 20 litros. Los hombres “tachan”, que implica el cargado del recipiente y la descarga en camiones. Por cada tacho le dan una ficha (que vale aproximadamente un peso), que la familia acumula hasta el sábado, en que –si no hay despido previo– se cobra. En un día muy bueno (los menos) se pueden reunir 150 fichas, pero también pueden ser 50, por el trabajo de toda la familia. También es común que la ficha sea moneda de cambio en las proveedurías de la finca o los almacenes del pueblo, siempre a menor valor que si fuera dinero efectivo.
“Los cosechadores son llevados en camiones a las fincas como vacas. Y en muchos casos los trabajadores golondrina están en carpas tipo circo donde duermen todos amontonados, cocinan con fuego al aire libre, sin luz y el agua se la venden. Acá los calores son mortales, lo que le agrega un condimento extra. Los baños no existen. La paga es un miseria, sólo para sobrevivir”, explica Diego Montón, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), organización que practica el trabajo cooperativo, alimentos libres de agroquímicos y el comercio justo. Un ejemplo es su vino “Campesino”, libre de explotación laboral.
También en Mendoza, idéntica explotación padecen los trabajadores del ajo, que son obligados a inscribirse como monotributistas para falsas cooperativas y soportaban condiciones de explotación, insalubridad, hacinamiento y trabajo infantil.
En noviembre de 2008, un grupo de trabajadores se rebeló y comenzó una manifestación en el frente de la empresa, en el departamento de Maipú. Denunciaron la explotación en sus tres eslabones: siembra, cosecha y empaque. Sobrevino la represión policial y, producto de las heridas, la muerte del trabajador Juan Carlos Erazo.
“Siempre nos explotaron, trabajamos hasta 16 horas. Pero ya era mucho. Nos animamos y dijimos basta. Nos costó amenazas, golpes y la muerte de un compañero. El sindicato y el gobierno nos dejaron solos, pero salimos adelante”, relata Fabián Bravo, presidente de la Cooperativa Irigoyen e integrante del flamante Sindicato de Trabajadores del Ajo y afines (Sitraaj).
En las falsas cooperativas la jornada arranca a las 6, media hora de descanso al mediodía y llegaban a trabajar hasta la medianoche. El cosechador nunca obtiene más de 60 pesos por día, los baños no existen, el agua escasea. “Todo es explotación. Desde lo que se paga al pequeño productor por la cosecha hasta lo que toca al trabajador. Nosotros, autogestivamente, cobramos el doble y también pagamos el doble a los pequeños productores”, remarca orgulloso Bravo.
La producción de frutas en Río Negro tiene tradición en mano de obra temporaria. La gran mayoría de trabajadores llega desde el norte del país. Incluso el gobierno tucumano tiene un convenio con Río Negro para “facilitar” los jornaleros. Desde la Dirección de Programas Especiales de la Secretaría de Trabajo de Tucumán se pagan los micros que trasladan aproximadamente a 16 mil trabajadores, de un total de 25 mil que –según cifras oficiales– migran por temporada. La primera quincena de enero los envían a Río Negro (unas once mil personas). El resto migra a Mendoza, San Juan y La Rioja. “Todos en blanco”, se apuran a aclarar en las gacetillas oficiales, donde se reconoce que se moviliza a familias enteras.
Escasean las estadísticas referidas al trabajo rural. Según la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) de Río Negro, sólo en las chacras de San Patricio del Chañar, a 55 kilómetros al norte de la capital provincial, cada año llegan 4000 personas para la cosecha de manzana, pera y cereza. El gobierno nacional asegura que, en el campo, el “trabajo no registrado” es del 50 por ciento, en base al Censo Nacional de 2001, la Encuesta Permanente de Hogares de 2010 y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA, donde figuran registrados 400 mil trabajadores rurales). Pero Uatre maneja otras cifras: 800 mil trabajadores registrados y 700 mil “en negro”.
En Río Negro, las denuncias se repiten cada año. En enero de 2010, los diarios provinciales volvieron a poner (como todos los años en época de cosecha) las denuncias. Cientos de trabajadores estaban hacinados en un galpón de la localidad de Lamarque. Les habían ofrecido 81 pesos por día y vivienda. En cambio le daban 30 pesos y un tinglado superpoblado. La mitad de los trabajadores dormía sobre el piso. Si alguien reclamaba, en el predio había policías de la provincia que amenazaban con reprimir.
En diciembre volvieron a repetirse las denuncias, en la localidad de Choele Choel. Los trabajadores no podían salir de las chacras y sólo podían pedir ayuda por mensaje de texto. Se repetían las condiciones de trabajo y alojamiento, les pagaban menos de lo pautado y cobraban los alimentos a precios altos.
Patagonia y Misiones tienen similitudes. “Parte grande de la riqueza de la provincia sale de nuestras manos y espaldas castigadas. Es lo mismo desde mis abuelos”, afirma Sonia Lemos, 30 años, delegada del flamante Sindicato de Tareferos de Misiones, nacido hace dos años para luchar por los derechos del eslabón más débil de una industria millonaria. La tarefa consiste en podar la planta y separar la hoja del palo. Se acumula sobre plásticos abiertos como mantel, donde se acumula el montículo de yerba. Luego se unen las puntas y forman una gran bolsa: el “raído”. Trabaja toda la familia y cada raído se lo pagan trece pesos.
“Con mucha suerte, cuatro raídos hacemos. Pero hay veces que sólo dos”, explica Lemos. Traducido: por día de trabajo obtienen entre 26 y 52 pesos.
“No queremos que ningún hijo nuestro muera más de hambre en Misiones”, reclamaron los mismos tareferos en noviembre pasado, cuando llegaron hasta Buenos Aires para denunciar la explotación laboral, salarial y la criminalización que padecen por reclamar. Ante el abandono de la Uatre, se organizaron para enfrentar la explotación de largas jornadas de trabajo, paga escasa y la condena a un círculo de pobreza.
El objetivo era visibilizar la situación que ya se había cobrado la muerte de dos niños por desnutrición. “Nos duele reconocer que el hambre está instalado en nuestras casas desde hace mucho tiempo y que se ha convertido en uno de los dolores más difíciles de enfrentar porque con ella no se puede pensar, no se puede trabajar. De hambre nos estamos enfermando y muriendo”, denunciaron y se movilizaron hasta el Obelisco porteño con una consigna que interpelaba en busca de solidaridad: “Que el placer de tomar mate no siga descansando sobre la esclavitud de los tareferos”.
No los recibió ningún funcionario. Ni siquiera lograron que la Anses cumpliera con la devolución de las asignaciones familiares retenidas arbitrariamente. Volvieron con las manos vacías. “Siempre nos explotaron, pero ahora estamos organizados. No es fácil, pero en eso estamos. Eramos sólo veinte, ahora ya somos 300. Será largo, ya no creemos en los contratistas ni políticos, haremos valer nuestros derechos”, advierte la delegada gremial Lemos.
Guillermo Neiman es sociólogo, investigador del Conicet y coordinador académico de la maestría en estudios sociales agrarios de Flacso. “La cadena de complicidades incluye a los empresarios, intermediarios, sindicatos y Estado”, resume. Afirma que el “trabajo precario” rural es tan histórico como generalizado, y cuestiona a los empresarios agrarios: “Por el nivel de rentabilidad del agro actual no se entiende que sigan manteniendo el trabajo precario. No se justifica de ninguna manera, desde una lógica de rentabilidad, que los salarios sean tan bajos y que permanezca el trabajo en negro”.
Denuncia que para el campo no hay estadísticas actualizadas. Reconoce que deben manejarse con el entrecruce del Censo Nacional 2001 y el Censo Agropecuario de 2002, que es contestado por los patrones, no por los trabajadores. La Encuesta Permanente de Hogares se realiza en ciudades, por lo cual vuelve a quedar afuera el sector rural. “Hay personas que no quieren que se conozca la realidad rural, donde no hay dudas de que la pobreza y la desocupación son superiores a la publicitada, que siempre es una proyección de lo urbano”, afirma.
Neiman explica que la explotación laboral no se da sólo en el trabajador “golondrina”, sino también en el permanente, aunque siempre es mayor en los trabajos estacionales, donde se requiere mano de obra intensiva por época. “Los controles son insuficientes. Es necesaria una participación activa del Estado, es el único que puede modificar el trabajo rural precario”, insta a actuar.
Diego Domínguez es sociólogo e investigador del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires. No naturaliza ni resta importancia a la explotación laboral en el campo, pero encuentra una coherencia histórica en la clase dirigente: “Argentina se elevó como Nación sobre la esclavitud encubierta de los gauchos y los indígenas. Entonces hoy no sorprende que, bajo el discurso de un agro exitoso, hombres, mujeres y niños padezcan la peor explotación, es una continuidad histórica”.

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