miércoles, 30 de diciembre de 2009

Juicio a los campesinos de Represa de Morales: El día de los inocentes


Por Alexis Oliva

La Justicia Penal de Cruz del Eje absolvió a los hermanos José Luis y Alcira Godoy de la acusación de “impedimento de acto funcional” y ordenó que se “investiguen y resuelvan” las denuncias que hicieron desde el comienzo del conflicto en defensa de su campo de Represa de Morales.

- ¿Cómo sigue la vida ahora?

- Contenta… Con un gran alivio, para darnos fuerza a nosotros y para darles fuerza a otros compañeros que tienen el mismo problema nuestro. Y con más fuerza para ayudar a la gente que necesita, como Ramonita (Bustamante), que ha salido mal el fallo para ella. Le damos fuerza a la Ramona y vamos a seguir luchando para que se quede en su campo, porque no puede ser que no la dejen en su territorio, porque ella ha dejado su vida en el campo y tiene que quedar. No puede venir otro de afuera a sacarles la tierra.

Ramiro Fresneda y Raúl Almeyda, abogados de los Godoy y el Movimiento Campesino de Córdoba.

Ramiro Fresneda y Raúl Almeyda, abogados de los Godoy y el Movimiento Campesino de Córdoba.

Justamente, en la última frase que Alcira Octaviana Godoy, a pocos minutos de haber sido absuelta junto a su hermano José Luis, dedicó a doña Ramona Bustamante -la emblemática campesina del norte cordobés-, está también la causa remota de la odisea familiar y el extenso periplo jurídico -civil y penal- que debieron recorrer durante más de veinte años y que acaba de terminar con una sentencia absolutoria: alguien que vino de afuera a sacarles la tierra.

Así comenzó un conflicto en el que pasaron por las manos de una decena de abogados, al intentar defenderse por la vía legal, a pesar de las dificultades para acceder a la Justicia que afrontan las familias campesinas de la zona.

Entre ellos, el primero al que recurrieron, Aristóbulo Gutiérrez, luego de representar a Américo Godoy, padre de los acusados, se cambió de vereda para asistir a Víctor Manuel Gómez, el que “vino de afuera” y pretendía quedarse con el campo. Primero el padre y luego los hijos resistieron el despojo, lo que les valió que en diciembre de 2004, la Cámara Penal de Cruz del Eje condenara a José Luis a tres años y a Alcira a dos años y medio de prisión en suspenso por “coacción” y “usurpación”.

Al final de la audiencia, los militantes del Movimiento Campesino de Córdoba reciben con aplausos a los imputados.

Al final de la audiencia, los militantes del Movimiento Campesino de Córdoba reciben con aplausos a los imputados.

Meses después, cuando la misma Cámara -a pesar de que la sentencia no estaba firme porque había sido apelada- ordenó al Juez de Paz de Villa de Soto liberar el camino a la cantera de granito rojo codiciada por Gómez y Gutiérrez, los hermanos Godoy se opusieron, les franquearon el paso y quedaron nuevamente imputados.

Esta vez, con la defensa de los abogados del Movimiento Campesino de Córdoba, Ramiro Fresneda y Raúl Almeida, el fallo absolutorio de la Cámara Criminal y Correccional puso fin al menos a la parte penal del sufrido derrotero de los Godoy, que podría haberlos llevado a la cárcel por defender la posesión de su tierra:

“El Tribunal resuelve: 1) Absolver a Alcira Octaviana Godoy y José Luis Godoy, ya filiados, por el hecho que le atribuye la requisitoria fiscal de fojas 296/300, calificado como impedimento de acto funcional, por prescripción de la acción penal, sin costas. (…) 2) Oficiar a la Fiscalía de Instrucción de esta sede, a fin de que las denuncias formuladas por los acusados Alcira Octaviana Godoy y José Luis Godoy sean debidamente investigadas y resueltas (…). 3) Diferir la lectura de los fundamentos de la sentencia para el día 11 de febrero de 2010, a las 12,30 horas”.

http://www.acordobanoticias.com.ar/?p=7807

sábado, 26 de diciembre de 2009

Los desplazados de la soja


Se multiplican los desalojos de pequeños productores

Los casos de pequeños campesinos que se ven forzados a dejar las tierras donde viven y trabajan desde hace décadas son cada vez más numerosos. Gianfranco Macri y otros grandes empresarios son protagonistas de expulsiones de estos días.

Por Sebastián Premici
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Son historias personales y colectivas que se repiten en diferentes puntos del país. Modus operandi reiterados que se multiplican con las declaraciones en primera persona de los afectados y en los escritos judiciales: primero los campesinos son engañados para firmar documentos que supuestamente los benefician, luego llega la intimación para abandonar sus tierras, después la presencia policial para concretar el desalojo y un sistema judicial que se convierte en “la herramienta más sofisticada del modelo de los agronegocios”, como denunció a Página/12 el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba. Son historias comunes que afectan a campesinos y habitantes originarios de Salta, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe –la lista continúa– que pasan sus días entre la cría de animales, la cosecha de vegetales, granos y la lucha por no ser desplazados.

Mientras tanto, el campo visible, el de la Mesa de Enlace, mira para otro lado y defiende sus intereses. Detrás de su silencio, se amparan el empresario Gianfranco Macri, la empresa Madera Dura del Norte, el empresario Jorge Bellsolar Ferrer, los dirigentes Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza (Federación Agraria) y Ricardo Buryaile (CRA), diputado electo por el radicalismo.

A continuación, Página/12 presenta algunas de las historias que hacen visible lo que muchos se empeñan en ocultar.

Un hermano ejemplar

En el departamento de Rivadavia, en la provincia de Salta, el empresario Gianfranco Macri, hermano del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quiere desalojar a varias familias campesinas. Hace seis meses comenzó el juicio que sentó en el banquillo de los acusados a la familia Garnica, que ocupa 170 hectáreas; la familia Ruiz, con 500 hectáreas, y la familia Cardozo, con 700 hectáreas. Gianfranco Macri dice que compró 15.000 hectáreas en 2006, dentro de las cuales viven estos campesinos.

“Los pequeños productores piden que se les reconozca el derecho principal que tienen, que es la posesión de esas tierras por haber vivido y trabajado allí toda su vida desde hace varias generaciones. Desde que comenzó el juicio, los pobladores no comen ni duermen tranquilos. Ellos reclaman el derecho de posesión y, si después se tienen que sentar a negociar cuántas hectáreas le corresponde a cada uno, no tienen problema. Lo que ellos reclaman no es ni el 10 por ciento del total que dice tener Gianfranco Macri”, aseveró a este diario Rebecca Russo, abogada de la Organización de Pequeños Productores del Chaco Salteño, entidad que cuenta con el apoyo de la Federación Agraria. Según los campesinos de la zona, el objetivo de Macri es la producción de soja y la cría intensiva de ganado en feedlots.

En octubre de 2007, el Foro Provincial de Agricultura Familiar le hizo firmar a Juan Manuel Urtubey un acta donde el entonces diputado y ahora gobernador se comprometía a impulsar un Plan Estratégico para el Desarrollo Rural, que en su primer punto se fijaba la regularización de la tenencia de la tierra a los pobladores rurales. A dos años de esa acta acuerdo, el juicio a los campesinos continúa. Por otro lado, las comunidades indígenas (wichí) también siguen esperando la regularización de sus tierras (ley 26.160/06).

En agosto pasado, los wichí hicieron una presentación ante la Corte Suprema reclamando sus derechos. La Defensoría del Pueblo, por su parte, hizo una visita a la zona de Embarcación, donde viven 25.000 personas, rodeados por 10 comunidades indígenas, que están a la vera de las rutas 34, 53 y 81, esperando, pacientes, una respuesta oficial.

Poder político y empresario

“En Formosa hay una connivencia entre los intendentes y los representantes de la Mesa de Enlace. El intendente de General Belgrano, Amado Bobadilla (FpV) –que ahora está distanciado de las entidades agropecuarias–, nunca intervino a favor de los campesinos. No existe ninguna experiencia de intendentes, al menos en la zona, que hayan jugado a favor de los campesinos”, denunció ante este diario Benigno López, dirigente del Movimiento de Campesinos de Formosa (Mocafor).

En esta provincia hay dos casos emblemáticos. Uno ocurre en General Belgrano, donde Ricardo Buryaile, dirigente patronal de CRA y empresario millonario –según sus propios compañeros federados de la Mesa de Enlace–, impulsó el desalojo de diez familias de un campo de 38 hectáreas, donde viven campesinos de entre 20 y 80 años.

El otro caso emblemático ocurre en el municipio de Ingeniero Juárez, departamento de Matacos, en una finca que se llama La Florencia, de aproximadamente 60.000 hectáreas, adonde viven más de cien familias de criollos e indígenas. Los campesinos, que se dedican a la cría de ganado, cabras, porcinos, entre otros animales, son perseguidos por el empresario Jorge Bellsolar Ferrer quien, a través de su empresa Sociedad de Parques SRL, busca desalojar a esos productores para expandir la frontera agrícola.

Benigno López denunció en reiteradas oportunidades la connivencia entre Ferrer, el intendente de Ingeniero Juárez, Cristino Vidal Mendoza, y la policía local, dirigida por el oficial Pablo Sosa. “Ferrer expulsa a los campesinos y vende las tierras a precios internacionales. Hace dos años comenzó a reclamar formalmente por las hectáreas de La Florencia. Antes de eso se presentaba como alguien que quería ayudar a los campesinos, les hacía firmar papeles con la excusa de que conseguiría subsidios y así se fue haciendo de un manto legal, pero ilegítimo, para reclamar algo que no le corresponde”, indicó López. En Formosa hay 3 millones de hectáreas en situación de conflicto.

Modus operandi

Según un informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación (2006), desde hace años los habitantes de Sol de Mayo, departamento de Alberdi (Santiago del Estero), resisten las presiones de la empresa Madera Dura del Norte, compañía que aduce poseer títulos sobre unas 156.000 hectáreas. Una investigación de la Defensoría (345/06) describe un modus operandi que se repite en los diferentes testimonios recogidos por este diario. Según la denuncia de los vecinos de la zona, en varias oportunidades hubo intentos de desalojo, con represión policial, disparos con balas de gomas, donde actuaron tanto fuerzas de seguridad nacionales como el Grupo Especial de Táctica Operacional de Alto Riesgo, división especial de la policía de la provincia de Santiago del Estero.

Dentro de las hectáreas detentadas por Madera Dura del Norte S.A. viven más de 1500 familias campesinas, hay postas sanitarias, destacamentos policiales y un cementerio. “A pesar de las reiteradas denuncias, desde el Juzgado de Monte Quemado se reclutan policías y supuestamente gendarmes para custodiar a parapoliciales y las topadoras, de la empresa Desmontes Londero, que ya desmontaron más de 15.000 hectáreas. El reclamo unánime de la población de las regiones visitadas es que el sistema judicial de la provincia actuaría sistemáticamente en favor de los empresarios. A ello se agrega la gran dificultad de los campesinos para acceder a la Justicia”, concluye el citado informe.

Federación Agraria y dos desalojos

Ramona Bustamante, de 83 años, vive desde que nació en un campo ubicado en el paraje Las Maravillas, a veinte kilómetros de la localidad de Sebastián Elcano, en el norte cordobés. Por ser hija extramatrimonial, sus hermanastras, tras la muerte de su padre, vendieron el campo de 230 hectáreas donde vivía. Esto fue en 1984. Tras la venta, el campo pasó por varias manos hasta caer en posesión de los hermanos Edgardo y Juan Carlos Scaramuzza, quienes le hicieron firmar a Ramona un convenio de desocupación.

Ramona firmó bajo la creencia de que los reclamos judiciales terminarían. Pero no fue así. En 2003 fue desalojada, pero logró volver a su campo. La Justicia insistió, y en 2004 la volvieron a desalojar. Los hermanos Scaramuzza, que fueron acusados de fraude pero rápidamente sobreseídos, son dirigentes de la Federación Agraria de Oncativo. Según indicó a este diario un dirigente de la entidad, cuando se conoció el hecho se recomendó su expulsión, pero quedó en la nada.

La lucha del granito rojo

José Luis Godoy, de 43 años, enfrentará el próximo lunes junto a su hermana Alcira la sentencia por un juicio en el que están imputados como usurpadores de un predio de 26 hectáreas, ubicado dentro del campo donde su familia vive desde hace más de sesenta años. Un productor y empresario local, de nombre Víctor Manuel Gómez, les reclama esas hectáreas ya que detenta unas canteras de Granito Rojo Príncipe, recurso natural de alto valor económico.

“Hace más de sesenta años que vivimos en la comunidad Represa Morales, a 10 kilómetros de Villa de Soto (Córdoba). No tenemos luz eléctrica, tomamos agua del mismo pozo que nuestros abuelos. Fuimos a la escuela rural a tres cuadras de casa. Esta es nuestra vida, criamos cabras, chanchos, ovejas, es un campo tirando a árido, de 400 hectáreas. Hace muchos años, un tal Víctor Manuel ‘Maruco’ Gómez llegó a la zona diciendo que era dueño de los campos. El tipo decía que mi padre le había firmado un papel cediendo las 26 hectáreas donde está el granito rojo. El abogado de mi padre en ese momento era Aristóbulo Gutiérrez, después resultó que se asoció con Gómez para estafarnos. Los dos se juntaron para desalojarnos”, relata.

“Gómez también dice que mi padre le cedió 200 hectáreas del campo. En 2003 comenzó el juicio por usurpación y lo perdimos. Fuimos a Casación en febrero de 2009. Ahora parece que podemos ir a la cárcel. Este empresario es un matón que se va ganando el miedo de los vecinos matando animales y negando el acceso al agua; amenaza a las mujeres cuando los hombres trabajan en el monte. Todo lo que quiere son las canteras.”

Hay parámetros generales que se dan tanto en Santiago del Estero, Catamarca, Salta o Córdoba, que es ver a la tierra como mercancía o como parte de un negocio para pocos, donde se propicia la expulsión de campesinos. “El sistema judicial resulta ser la herramienta más sofisticada del modelo de los agronegocios. El Poder Judicial, que debería servir para equiparar la desigualdad natural, termina favoreciendo a los más poderosos. De un lado quedan los impulsores de los agronegocios, con la soja a la cabeza y la especulación inmobiliaria. Del lado de enfrente, están los agricultores familiares”, concluyó el abogado Ramiro Fresneda, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba.

miércoles, 23 de diciembre de 2009

Puesta asi, y en Clarin.............. no hay mucho para decir.....


CAMIONETAS OFICIALES. LA FOTO MUESTRA VEHICULOS DE LOS FUNCIONARIOS
EN EL PREDIO.

DENUNCIAN ANTE LA JUSTICIA A FUNCIONARIOS DE GERARDO ZAMORA

Otro escándalo por tierras salpica al Gobierno de Santiago del Estero

Se suma al de un ex intendente K. Ahora dueños de campos denuncian que no los dejan tomar posesión.

Por: Matías Longoni

Dos funcionarios ligados al jefe de Gabinete de Santiago del Estero, Elías Suárez, habrían falseado un informe oficial para engañar a la justicia e impedir la posesión de un campo por sus dueños. El caso se suma al que involucra a Dario Ishii, hijo del operador kirchnerista y ex intendente Mario Ishii, quien se apropió indebidamente de tierras fiscales. Aquí, es el Estado el que dificulta la aplicación de la ley e impide la toma de posesión.

El informe cuestionado asegura que dentro de un campo de 11.200 hectáreas del departamento Figueroa habitan 60 familias campesinas, está emplazada la escuela 417, una iglesia, una posta sanitaria y un cementerio, cuando lo real es que todas esas edificaciones están fuera del predio. Lo firmaron Pablo Alvarez y Mario Corvalán, del Comité de Emergencia, que depende de Suárez. Ambos funcionarios han sido denunciados por "abuso de autoridad, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La denuncia fue presentada por los empresarios Luis Resio y Alberto José Croche, quienes en abril de 2008 compraron dicho campo (lote "2 CC") para desarrollar un proyecto ganadero para 6.000 bovinos. Pasaron 18 meses y no pudieron tomar posesión del predio, a pesar de contar con dos fallos judiciales a su favor. Resio culpa al oficialismo santiagueño. Lo acusa de "incentivar" a pobladores campesinos a "desobedecer" la decisión de la justicia.

Una pericia técnica requerida por los jueces, basada en imágenes satelitales tomadas desde 1991 hasta la fecha (la última fotografía tomada por el satélite Landsat 5 TM fue del 30 de octubre) dejó al descubierto el falseamiento. "La propiedad no cuenta con asentamientos humanos permanentes y tampoco los hubo durante los últimos 18 años, salvo los propios de la actividad del obraje". Es decir, en el campo disputado sólo hay picadas que suelen transitar los habitantes del paraje Pozo del Castaño, unas 30 familias ubicadas a 3.200 metros del límite noroeste del establecimiento, y no adentro como aseguraron los funcionarios.

Es cada vez más frecuente que cuando inversores de otras provincias llegan a Santiago del Estero choquen con las comunidades que habitan el lugar desde hace generaciones. En la mayoría de los casos, los empresarios suelen ceder parte de sus terrenos a los pobladores y luego conviven en paz. No pasó con este campo, pese a que los empresarios llegaron a acordar con abogados de PRADE (Práctica del Derecho Alternativo), que representaba a los lugareños, que donarían a la gente 1.400 hectáreas. Fue en abril pasado. Juárez participó de esas negociaciones.

Algo sucedió que dio por tierra con lo pactado: supuestamente alentados por políticos oficialistas, las organizaciones campesinas impidieron las labores dentro de esa propiedad y destruyeron el primer tendido de alambres. Hasta ese momento, el grupo empresario contaba con un fallo del juez Ramón Tarchini, que luego en agosto fue ratificado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Ambos fallos le reconocían ser dueños legítimos del predio y aclaraban que estaba desocupado.

Pero patrocinados por el estudio de abogados Llinas, que se vincula al poder político santiagueño, algunos pobladores de Pozo del Castaño presentaron un nuevo amparo en otro juzgado, basado en el informe de la Jefatura de Gabinete provincial que contenía los datos falsos. Frente a la creciente tensión en la zona, la justicia ordenó a la policía que montara una guardia permanente. Varios efectivos concurrieron el 4 de setiembre al lugar pero, según denunció Resio, permanecieron menos de 24 horas. Diputados y funcionarios de Jefatura de Gabinete llegaron al lugar, ordenando a los efectivos su retiro inmediato. Por eso, hasta la Policía santiagueña ha sido demandada por "desobediencia judicial".

"Queríamos invertir. Pero recibimos amenazas, tiros, corte de rutas y alambrados, privación ilegítima de la libertad. Todo ello con la complacencia del Gobierno y la Justicia, que hasta ahora no tuvieron el coraje de hacer cumplir la ley", señaló Resio. Parecen viejos cuentos del Far West. Suceden ahora, en el norte argentino.

martes, 22 de diciembre de 2009

UN GRAN SALUDO

Por un año en que estén presentes miradas y pasos de Zapata, como de Martí, Sandino, Artigas, El Che, Evo... y el pueblo campesino todo


"...se puede mirar adentro del otro y ver lo que siente su corazón. Porque no siempre el corazón se habla con las palabras que nacen los labios. Muchas veces habla el corazón con la piel, con la mirada o con pasos se habla...


También aprendieron a mirar a quien mira mirándose, que son aquellos que se buscan a sí mismos en las miradas de otros...


Así, mirando el mirar del otro, se nacen muchas miradas y mira el mundo que puede ser mejor y que hay lugar para las miradas todas y para quien, aunque otro y diferente, mira mirar y se mira a sí mismo caminando la historia que falta todavía" (Sub Marcos, "la historia de las miradas")

ENVIADO POR WALTER

sábado, 5 de diciembre de 2009

SANTIAGO: SITUACION DERECHOS HUMANOS

Estimadas - Estimados:
El próximo Jueves 10/12, a las 9:30 a.m, en el Museo de Cs Antropológicas y Naturales E Duncan Wagner se presentará el Informa sobre la Situación de los Derechos Humanos en el Noroeste Argentino. Este informe fue realizado durante el 2008, por el Grupo de Investigación de Derechos Humanos y Sostenibilidad (GIDHS), la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), Educación para la Acción Crítica (EdPAC), Grupo de Cooperación del Campus de Terrassa (GCCT).
MOCASE - VC


Fue presentado en la ultima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Los/las esperamos!


Con la participación del Movimiento Campesino de Santiago del Estero(MOCASE - VC), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad, y el Movimiento Campesino Nacional Indígena; el 10 de Diciembre se hará esta presentación en el Museo de Cs. Antropológicas y Naturales de Santiago del Estero. Se expondrán diversos ámbitos relacionados a la temática. Movimiento Nacional Campesino Indígena.

Entre los meses de agosto y septiembre del año 2008 una Misión constituida por representantes de varias organizaciones con sede en Cataluña (España) visitó el Noroeste argentino y las pro­vincias de Córdoba y Mendoza con el propósito de investigar y documentar la situación de los Derechos Humanos en comunidades campesinas e indígenas de las provincias de Santiago del Es­tero, Jujuy, Salta, Catamarca, Mendoza y Córdoba.

Para el relevamiento de la información y la reali­zación de las entrevistas se contó con la partici­pación de organizaciones del Movimiento Nacio­nal Campesino Indígena de Argentina (MNCI) y algunos miembros de las Asambleas de Vecinos Autoconvocados de la Unión de Asambleas Ciu­dadanas (UAC), así como la colaboración de las autoridades provinciales y federales argentinas desde sus diferentes niveles de gobierno, espe­cialmente en Santiago del Estero y Mendoza.

El objetivo principal de este informe es entregarlo a las instancias, organismos e instituciones gu­bernamentales nacionales e internacionales, así como a la sociedad civil internacional, para que se emita una resolución al respecto o se tomen las medidas que se consideren oportunas y necesa­rias.

Contenidos y conclusiones

El contenido del mismo abarcará cuestiones como el conflicto étnico territorial; la imposición de un modelo cultural y agroindustrial en Santiago del Estero, Córdoba y Mendoza, y el conflicto sobre la soberanía en la preservación de la calidad del sistema socioecológico en el territorio y sobre la explotación de los recursos mineros en Jujuy, Salta y Catamarca.

Tras la visita, la Misión considera que la situa­ción de los derechos humanos en el Noroeste argentino y las provincias de Córdoba y Mendo­za es extremadamente crítica y que la falta de respuestas concretas apuntan a que el gobierno argentino está incumpliendo sus obligaciones adquiridas de derecho internacional con las ra­tificaciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otros.

Las regiones visitadas presentan todas ellas una situación social atravesada por profundas diná­micas de exclusión y desigualdad. Tales dinámi­cas se agudizan especialmente en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina, cuya situación de marginación social, económica, política y cultural dibuja el contexto en el que se reproducen las citadas violaciones de derechos. El problema de raíz se sitúa en la distribución y control de recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo. Esta situación es histórica pero, en los últimos tiem­pos, se ha reforzado por el avance de la frontera agroindustrial y la explotación minera a gran escala, implementadas o poco reguladas por los sucesivos gobiernos provinciales y federales.

Las problemáticas recogidas en el informe son:

• Desalojos forzosos y vulneración del de­recho a disfrutar de vivienda digna y de­corosa.

• Represión en contra de campesinos/as y pueblos indígenas que reclaman mejores condiciones de vida.

• Omisión, morosidad y limitada capacidad institucional para implementar la legisla­ción sobre derechos humanos en dichas comunidades.

• Destrucción de las comunidades campesi­nas e indígenas y de sus medios de vida a causa de la expansión sojera y la minería a gran escala.

• Aumento de la inseguridad de la tenencia de la tierra de familias campesinas e indí­genas a causa de la expansión sojera y la minería a gran escala.

• Riesgos sobre la salud y el medio ambien­te por el uso de agrotóxicos y los impactos producidos por la actividad minera a gran escala.

• Falta de reconocimiento de las tierras y territorios indígenas.

• Falta de independencia del Poder Judicial que conforma un clima generalizado de desconfianza en las instituciones.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

17 DE DICIEMBRE- FIESTA FM PAJ SACHAMA- MOCASE-VC

Movimiento Nacional Campesino Indígena- MNCI


El 17 de Diciembre ha sido fijado el día para celebrar nuestra FM Paj Sachama (Pájaro que vuela desde el Monte 89.9).

En la Comunidad de El Retiro, Dto Pellegrini, a 290 km al noroeste de la Provincia de Santiago del Estero, desde Julio de 2008 FM Paj Sachama vuela dejando mensajes de la lucha, por el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas a la tierra, salud, ambiente, terriorio, educación, contra las transnacionales de los agronegocios, de la concentración de la riqueza, en contra del saqueo de los bienes naturales.

FM Paj Sachama es la única FM comunitaria que funciona con energía solar en Argentina y es una de las cuatro FM comunitarias que el MOCASE-VC tiene en funcionamiento en distintos territorios de la provincia, con el acompañamiento de FM La Tribu.

Después del atentado sufrido en sus instalaciones, en agosto pasado, la FM Paj Sachama pone más vida a la lucha . Por ésto y más queremos compartir éste gran momento; con talleres, feria de producción de la Soberanía Alimentaria, con la presencia de músicos locales, de Raly Barrionuevo. LXS ESPERAMOS!!!!!!

MOCASE-VC

Movimiento Nacional Campesino Indígena- MNCI

Vía Campesina Argentina



MOCASE-VC
MNCI

PRIMER CONGRESO MNCI

Primer ASAMBLEA DE MUJERES Y PRIMER CONGRESO DEL MNCI CLOC

Primer ASAMBLEA DE MUJERES Y PRIMER CONGRESO DEL MNCI CLOC
click en imagen

20 AÑOS MOCASE VIA CAMPESINA

20 AÑOS MOCASE VIA CAMPESINA

BETY CARIÑO: MILITANTE ANTIMINERA ASESINADA EN OAXACA - MEXICO

Discurso de Bety Cariño. Tecuán News- Kolectivo Azul. Embajada de Canadá. 3 de diciembre de 2009